El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha denunciado que la Ley Helms Burton “condena a Cuba y a las familias cubanas”.
En su cuenta de Twitter, el dirigente rechazó la noticia del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, de suspender nuevamente la aplicación del título III de dicha norma jurídica, a la que calificó de “genocida”.
“Rechazamos el anuncio de EE.UU. sobre ley Helms Burton. Persisten en las amenazas, con prepotencia plantean una ley genocida que viola el Derecho Internacional, condena a Cuba y a las familias cubanas. 191 países reclaman que sea eliminada en su totalidad. Somos Cuba”, tuiteó.
En la misma línea fue el comentario del titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
“Rechazo anuncio de secretario de Estado de EE.UU. sobre ley Helms Burton, aberración que jamás debió existir. Viola el Derecho Internacional, daña a toda Cuba, a cada familia. 191 países reclaman sea eliminada en su totalidad. La agresión de EE.UU. contra Venezuela debe cesar sin más pretextos”, tuiteó el ministro castrista.
Este miércoles Pompeo comunicó que su Gobierno suspendía la aplicación del título III de la Ley Libertad, que es su verdadero nombre.
Según el texto, se “mantendrá suspendida esa provisión durante dos semanas más, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero seguirá permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una ‘lista negra’ del Departamento de Estado”.
Aunque el titular cubano de exteriores quiere hacer creer que el citado título III afecta a las familias cubanas, en realidad este perjudica al Gobierno de la Isla y a las empresas extranjeras con las que tiene negocios.
Las 200 compañías cubanas que están incluidas en la ‘lista de restricciones a Cuba’ o ‘lista negra’, son aquellas que están “bajo el control o actúan en nombre” de la seguridad o de las Fuerzas Armadas cubanas.
Estas entidades ya pueden ser demandadas ante tribunales norteamericanos por residentes en ese país, gracias a una decisión tomada por el presidente Donald Trump.
Sin embargo, el título III permitiría reclamar los bienes que fueron expropiados en la Isla tras la llegada de Fidel Castro al poder, y demandar a empresas extranjeras vinculadas a esas propiedades.
De ponerse en vigor, la medida podría dañar importantes negocios de Cuba. Por ejemplo, hoteles que pertenecen a empresas controladas por las Fuerzas Armadas son gestionados por corporaciones extranjeras, como el grupo español Meliá.
Desde su firma en 1996, dicho título ha sido suspendido por todos los Gobiernos de Estados Unidos cada seis meses. Solo Trump ha recortado cada vez más esos plazos: primero a 45 días, luego por un mes y ahora por apenas dos semanas.
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