La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), reunida en sesión extraordinaria este sábado, ha aprobado una declaración que rechaza la aplicación de la Ley Helms-Burton y calificó esa medida de “proyecto genocida contra el pueblo cubano”, según reportó la Agencia Cubana de Noticias.
Desde que el 16 de enero pasado el gobierno de Donald Trump suspendiera solo por 45 días el título III de la Ley Libertad o Ley Helms-Burton, como se le conoce popularmente, el alto mando de la Isla no ha dejado de “condenar” la posición “hostil” hacia Cuba de la administración estadounidense actual.
Pero las condenas del gobierno cubano se han multiplicado desde que en marzo se anunciara una excepción al congelamiento del título III que permite a los ciudadanos de Estados Unidos imponer demandas a 200 compañías cubanas asentadas en una “lista negra” del Departamento de Estado, por encontrarse bajo control de los militares en Cuba.
La corporación GAESA, poderoso grupo empresarial bajo dominio de los militares, cuyo director ejecutivo es el ex yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, es una de las entidades incluidas en esa lista.
Hace apenas una semana el mandatario de Cuba Miguel Díaz-Canel afirmó en su cuenta de Twitter que esta ley “condenaba a cada familia cubana” y unas semanas atrás había declarado, por esta misma vía, que la ley estadounidense es “una aberración jurídica” y en suma escribía que es una manera de “robar por ley lo que no han podido robar por la fuerza”.
Hasta enero pasado, con la resolución dispuesta por Donald Trump, la nombrada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática, que fue ideada con el propósito de reforzar el embargo, había sido suspendida invariablemente cada seis meses por cada una de las administraciones en Washington desde su creación en 1996.
Sin embargo, con la reciente interrupción de Trump de esta práctica de décadas, el régimen cubano ve cómo se ponen en peligro los negocios de las empresas y grupos hoteleros militares que operan con propiedades confiscadas tras el triunfo de la Revolución y que ahora pudieran ser reclamadas por sus propietarios originales.
Además, las inversiones extranjeras en la Isla también pudieran verse seriamente disminuidas con la activación de esta ley.
Los parlamentarios cubanos volvieron a declarar como “ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico” esta ley.
Dos semanas atrás, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos suspenderá por dos semanas más, del 18 de abril al 1 de mayo, la aplicación del título III de la ley Helms-Burton.
La decisión impide, por el momento, que tribunales estadounidenses acojan demandas legales para buscar compensación de las compañías extranjeras que negocian con propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
Hasta la fecha, Washington ha decidido que no entre en vigor el capítulo III para evitar conflictos con empresas extranjeras y con socios comerciales que pudieran verse afectados una vez que se levante el veto y las demandas puedan avanzar en cortes de Estados Unidos.
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