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El rapero contestatario Maikel Castillo Pérez (a.k.a. Maykel Osorbo) ha sido sentenciado a un año y seis meses de privación de libertad.
La sentencia, conocida este lunes 22 de abril a través de familiares y amigos, llega tras un juicio lleno de contrariedades y violaciones a su derecho al “debido proceso” efectuado el 20 de marzo.
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A pesar de que la impresión general, debido a la falta de pruebas en su contra y la debilidad de las acusaciones, era que a Maykel debían soltarlo de inmediato o bien aplicarle un cambio de medida cautelar que lo llevara a su casa, la fiscalía le pidió un año de privación de libertad, según informó luego su tío Orestes Pérez (porque la petición no se escuchó en la sala).
Casi un mes más tarde, el Tribunal municipal de La Habana Vieja dicta una sentencia que a todas luces parece desproporcionada y que rebasa en seis meses las aspiraciones de una fiscal que fue vencida durante el proceso.
La explicación de esta injusticia, para muchos, coincide con las causas que lo llevaron en primer lugar a la cárcel: Maykel fue apresado el 25 de septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en La Madriguera simpatizante con la campaña contra el Decreto-ley 349. La justificación del arresto fue que la fiscalía revisaba una multa que Maikel había recibido tres meses antes por altercado con la policía en el Parque Cristo. Ahora, pensaban las autoridades, Maykel debía estar preso en lugar de multado.
Su situación se agravó cuando, a través de amigos, Maykel dio a conocer el 19 de marzo en las redes sociales, una carta donde contaba cómo la Seguridad del Estado intentó reclutarlo y él se burló de ellos y juraba que nunca traicionaría sus principios.
Ese mismo día por la noche recibió la noticia de que su juicio ocurriría el día siguiente. La abogada no se enteró si no el mismo 20 de marzo, cuando la esposa de Maykel la llamó por teléfono desde el Tribuna municipal de La Habana Vieja.
Para muchos, la firma de los órganos de la Seguridad del Estado detrás de esta sentencia es inconfundible.
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