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Alrededor de 400 mil menores de edad de nacionalidad venezolana han emigrado a otros países de la región latinoamericana, producto de la actual crisis humanitaria que vive la nación.
En una entrevista concedida a la agencia de noticias Efe, María Cristina Perceval, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, declaró que de ese grupo, aproximadamente, 170 mil se han asentado en “calidad de migrantes” en Perú.
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De acuerdo con Perceval, Perú ha logrado cambiar en los últimos años su categoría de “país de tránsito” a destino de “llegada”. Más de 700 mil expatriados venezolanos residen, actualmente, en dicho territorio.
"Queremos reconocer los avances y el respeto a lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos del Niño por el Gobierno de Perú y la sociedad peruana, pero también alertar sobre algunos signos de preocupación", apuntó la representante de Unicef.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha logrado identificar una serie de problemas en las comunidades de acogidas como: la falta de "saneamiento, acceso al agua, así como a sistemas educativos para garantizar plena inclusión y acceso de niños y niñas".
Estos territorios no se hallaban preparados para afrontar lo ola de expatriados, al no contar tampoco con recursos suficientes para atender a los niños que ya habitaban desde un primer momento ahí.
Según Perceval, Unicef continúa elaborando una “ruta de tránsito seguro para los niños, niñas y adolescentes venezolanos”, ya que estos peligrosos viajes “pueden tomar de 30 a 40 días”.
Igualmente, señaló la necesidad de crear “redes de saneamiento en el camino” al existir menores carentes de vacunaciones -y otros sobrevacunados-, “así como también sistemas educativos y de salud”.
"El tema de educación es uno de los puntos que estamos trabajando en Unicef. Buscamos no solo que sean acogidos en las escuelas, sino también que en el tránsito exista una educación no formal que garantice la no discontinuidad", señaló.
Por último, manifestó que otra de las metas trazadas por Unicef es crear “sistemas de protección para los recién nacidos” en las diferentes naciones de acogida, con el fin de evitar una "situación de apatría".
"No solo supone la obligación de registrar el nacimiento en el país, sino también el registro de las personas migrantes. Todo un desafío para los sistemas y las distintas áreas gubernamentales".
Entre los mayores riesgos que conlleva la migración infantil se encuentran: la explotación sexual, la violencia, grupos delictivos y redes de narcotráfico. Por lo que la organización internacional ha considerado “clave” la intervención de las comunidades, para que los niños y niñas reciban una adecuada protección.
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