Cambios a las normas de vivienda en Cuba: “Intentan rectificar con nuevas leyes los horrores del pasado”

Hace siete años, María se metió a vivir ilegalmente con sus cinco hijos en un local del Estado. El lugar está en peligro de derrumbe, pero ella permanece allí porque el gobierno “no nos ha dado una opción mejor”.

Según refiere uno de los vecinos de María, quien limpia pisos en unas oficinas cerca de su “casa” en el municipio habanero de Boyeros, “a ella no le interesa legalizar esa vivienda ni arreglarla porque en cualquiera de los casos tendría que pagar y eso es precisamente lo que no quiere hacer. Tengo entendido que vive en total ilegalidad, pero las autoridades no han querido tomar cartas en el asunto”.

Un nuevo proceso de ordenamiento que entrará en vigor el próximo 27 de mayo en la isla, enfocado en la legalización de viviendas, cuartos, habitaciones y otros locales, podría ser, en papeles, la solución a los problemas de María, pero pocos creen en su consumación práctica.

Para nadie es un secreto que el de la vivienda es el mayor problema social en Cuba pero, incluso cuando se toman medidas que a todas luces pudieran contribuir a resolver el déficit habitacional del país, que asciende hoy a 929 mil viviendas, en la población impera la desconfianza porque las decisiones del gobierno son “globos inflados”, “cuentos que casi nadie se traga”.

Desde la óptica de Yusimí, quien lleva 15 años viviendo en una casa que pertenece a la propiedad de su suegra, “en Cuba se irrespetan las leyes porque la gente vive desesperada. Yo aspiro a poder vivir dentro de la legalidad algún día, porque he tenido que violar más de una regulación para tener mi casa, pero no me arrepiento. Las leyes se violan en este país porque no tienen sentido.

“No solo les falta rapidez a los procesos relacionados con la vivienda, sino vergüenza y seriedad. Por eso no tengo mucha fe en que se mejoren los trámites. No podemos despojarnos del peloteo: de la Dirección de Vivienda para Arquitectura Urbanística y de ahí para la Conchinchina. Que si el director está reunido. Que si la arquitecta salió de licencia de maternidad. Que si la computadora está rota. Que si no hay nadie que haga el trabajo. Es la historia de nunca acabar.

“Ojalá se agilicen los trámites y las nuevas medidas no sean otra traba en las legalizaciones de viviendas. Ojalá que el que tenga que firmar lo haga en tiempo. Ojalá que no se pierdan los expedientes y haya que empezar de cero. Ojalá que cuando falte un especialista el trámite no se estanque porque no hay nadie más con la capacidad para resolverlo. Ojalá que todo se haga en el menor tiempo posible”, añora la ama de casa de 39 años.

Las autoridades cubanas plantean que las nuevas regulaciones, previstas para un período de seis años, beneficiarán a unas 230 mil familias (más de 690 mil personas). Ellas permitirán, por ejemplo, que más de 77 mil cubanos obtengan la propiedad de inmuebles que hoy arriendan y que se registren más de 72 mil viviendas con acciones constructivas que hasta ahora no podían legalizarse.

En palabras de Damián, quien lleva más de dos décadas residiendo en Miami, “yo emigré legalmente hacia Estados Unidos y el gobierno cubano no me dejó ni hacer el traspaso de mi propiedad. Perdí mi casa porque el Estado se quedó con ella y ahora intentan rectificar con nuevas leyes los horrores del pasado, dándoles a otros lo que les quitaron a personas como a mí.

“Los primeros que se burlan de las leyes son los trabajadores de Vivienda y de Planificación Física que atienden con urgencia solo las complicaciones con las que pueden llenarse los bolsillos. Muchos de los que pondrán en vigor la ley son unos hipócritas y oportunistas, que se han empapado de dinero por hacerse los de la ‘vista gorda’, pero no quieren buscarse problemas por 300 pesos cubanos.

“El problema en temas de vivienda y su legalización no ha estado en lo normado, sino en la interpretación de las normas que hacen los diferentes actores. Si las leyes cambian y no lo hace la mentalidad de sus ejecutores, las dilaciones y el malestar de la población continuarán”, asegura el cubano-americano, de 56 años.

A tenor con lo que explica un forista de Cubadebate, “un trámite que debe demorar no menos de un mes se te demora dos, tres, cuatro años, y tú como doliente no sabes qué hacer, si mantenerte así o llevarle una merienda a los especialistas para que agilicen el trámite. Y al final, después de unas 40 meriendas entregadas ‘voluntariamente’, te dicen que los papeles se perdieron o que el director está para un curso de tres meses y él es el único que puede firmar esos papeles. Todo eso en el mejor de los casos”.

En el mismo sitio otro usuario comenta: “Esto está muy bien porque se legalizarán muchas viviendas que se mantienen hasta hoy en un limbo legal, pero me asaltan varias dudas. ¿Qué se hará con aquellas construcciones (dígase viviendas, espacios que se han tomado para construir chinchales para parqueos, almacenes particulares)? ¿Se impedirá con esta regulación la construcción ilegal y desordenada de viviendas y espacios? ¿Se evitará con esta regulación la construcción desordenada de viviendas y construcciones para otros usos sin el menor concepto de las regulaciones urbanísticas, la estética y la belleza constructiva?”.

De acuerdo con la abogada Gretchen, de 31 años, “lo que es difícil de entender es cómo pagará un maestro su casa si su salario apenas le da para comer. A ese paso, se morirá sin haber terminado de pagarla. Con razón tiene que haber tanto invento e irregularidad. El desparpajo de la vivienda se ha prestado para todo porque, tanto en lo material como en lo jurídico, la gente ha intentado solucionar por su cuenta lo que el Estado no le resuelve.

“Las nuevas medidas fueron aprobadas hace dos años y, a pesar de que eran esperadas por miles de cubanos, se demoraron en ser publicadas. Para poner esto en práctica no se necesitan muchos recursos, y, por tanto, no se puede culpar al bloqueo. Es el aspecto subjetivo el que nos detiene muchas veces.

“Es bueno poner fin a las ilegalidades, pero el mayor beneficio es que cualquier cubano, por más humilde que sea, tenga la propiedad de su vivienda. La nueva constitución habla de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Veremos en qué siglo eso se cumple. Aunque este proceso ayudará a muchas familias a salir del enredo de las viviendas ilegales, no dejará de haber población flotante, que se instala en un ‘llega y pon’ porque no tiene ni un peso partido a la mitad”, aclara la jurista.