Estados Unidos incluyó este jueves a Cuba en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.
El anuncio fue hecho por Mike Pompeo, secretario de Estado, en la presentación de su informe anual sobre el tráfico de personas, que evalúa las políticas para combatir esta actividad en 187 países y territorios.
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“Debemos llamarlo como lo que es, esclavitud moderna (...) El tráfico de personas es una crisis global y requiere una respuesta global”, manifestó Pompeo.
Cuba había estado en una lista de observación durante los últimos cuatro años. En 2018 se le señaló que no tenía “procedimientos para identificar proactivamente a las víctimas de trabajo forzado y tráfico sexual potencial, ni para detectar víctimas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de ser traficado”.
La decisión implica un reforzamiento de la política de sanciones que ha impulsado la administración Trump contra Cuba, y añade un punto de confrontación a la deteriorada relación entre Washington y La Habana.
"Si ustedes no se oponen al tráfico de personas, Estados Unidos lo hará", enfatizó Pompeo en su presentación, flanqueado por Ivanka Trump, hija y asesora del Presidente.
Tras el análisis del pasado año, la Secretaría de Estado decidió incluir a la Isla en su informe por no “cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no estar haciendo esfuerzos significativos para ello”.
La decisión estuvo respaldada, entre otros elementos, por testimonios de médicos cubanos enviados en misiones de cooperación a otros países, que han realizado “acusaciones de coerción, falta de pago de salarios, retención de pasaportes y restricciones a su movimiento”.
“En noviembre de 2018, los trabajadores de la salud cubanos presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de Florida, bajo la Ley de Protección de Víctimas de la Trata y la Organización de Estafadores Influidos y Corruptos que denuncian que el gobierno cubano se benefició de la exportación de profesionales de la salud”, dice el documento.
“Algunos participantes en misiones médicas extranjeras y otras fuentes alegan que los funcionarios cubanos forzaron o coaccionaron la participación en el programa. (…) Los observadores informan que el gobierno no informa a los participantes sobre los términos de sus contratos, lo que los hace más vulnerables al trabajo forzoso”, añade el texto.
Cuba integra el reporte junto a otras 21 naciones que no cumplen los estándares mínimos de protección. Este año entraron además Arabia Saudí, Bután y Gambia, y salieron Bolivia, Belice, Laos y Gabón. En 2018 la lista fue de 22 países.
Bielorrusia
Bután
Birmania
Burundi
China (PRC)
Comoras
Congo, Rep. Democrática de
Cuba
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Gambia
Irán
Corea del Norte
Mauritania
Papua Nueva Guinea
Rusia
Arabia Saudita
Sudán del Sur
Siria
Turkmenistán
Venezuela
La inclusión en la lista puede dar paso a sanciones, de acuerdo a la decisión del presidente Donald Trump. Estas pueden incluir la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial, la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales, o retirarle el apoyo al país ante el Fondo Monetario Internacional u otros organismos de desarrollo global.
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