Estados Unidos criticó las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, y culpó al régimen de amenazar, detener y usar la violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, así como restringir sus viajes nacionales e internacionales, además de limitar los derechos de los presos a practicar sus creencias.
Cada año, el Departamento de Estado presenta al Congreso norteamericano su Informe sobre la libertad religiosa internacional, en el cual quedan expuestos los países que violan las creencias y prácticas religiosas de personas y grupos en todo el mundo.
En la edición correspondiente a 2018, se señala que el Partido Comunista de Cuba, mediante su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, controla la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en el país.
Ambos organismos continúan usando la ley de asociaciones para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, o no respondieron a solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo, como las de los testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos grupos alegan que la falta de registro impide su capacidad para practicar su religión.
Al respecto, se conoció que los funcionarios de la embajada de Estados Unidos se reunieron con delegados del gobierno, a quienes mostraron su preocupación por la imposibilidad de dichas iglesias para lograr el registro legal y obtener el estatus oficial necesario.
En el texto presentado también se denuncia el hostigamiento hacia miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluidos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández; el activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, así como su esposa y activista, Ariadna López Roque, y el coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso.
El informe se hace eco de las denuncias de la organización de defensa de los derechos humanos Christian Solidarity Worldwide, acerca del hostigamiento gubernamental a los líderes religiosos, el cual aumentó “significativamente en paralelo con” la postura adoptada por las iglesias en el proceso de aprobación de la Constitución.
Se citan ejemplos como el de la Conferencia de Obispos Católicos, que emitió una declaración en la que pedía que la Carta Magna fortaleciera la protección a las actividades religiosas, o el de varios grupos protestantes, que se opusieron a la eliminación de la libertad de conciencia en el proyecto de constitución y abogaron por el restablecimiento de los derechos individuales y colectivos para manifestar sus creencias en privado y en público.
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