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El Gobierno cubano ha ordenado topar los precios en los mercados agropecuarios del país, tanto estatales como cuentapropistas, supuestamente para garantizar el acceso de la población a los productos alimenticios, pero lo cierto es que la escasa venta de comida por parte del Estado y la deficiente producción nacional continúa estimulando la subida de precios en los comercios privados.
Una vecina de Las Tunas ha descrito al oficialista Periódico 26 el desabastecimiento con el que chocó incluso en un mercado minorista no estatal, cuando fue tras la búsqueda de algunos vegetales.
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El pepino se anunciaba en carteles a 1,85 pesos cubanos la libra, sin embargo, el precio real para adquirir el vegetal es de 4 pesos. El vendedor aclaró que el anuncio era solo para los inspectores que venían a controlar los precios fijados.
Asimismo, fuera de esta oferta, no había mucho más para comprar, “unos aguacates pequeños y caros” y “unos frijoles mustios”, según el testimonio recogido por el medio citado.
Para velar por el cumplimiento de la nueva tarifa de precios fijada por el Gobierno, las autoridades han creado distintos grupos de vigilancia o comisiones de vecinos, han publicado números telefónicos para que los ciudadanos reporten a los vendedores que violen la norma y han desplegado inspectores en los distintos comercios.
Los precios topados, según expresó el gobernante Miguel Díaz-Canel, se implementan para evitar que los cuentapropistas suban los costos de su mercancía a raíz del aumento salarial que se aprobó en Cuba para el sector presupuestado recientemente.
“Tenemos que ir a un enfrentamiento de aquellos precios que se incrementan en determinadas actividades y por determinadas personas indiscriminadamente para obtener altas utilidades”, declaró la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, en una Mesa Redonda a principios de julio.
El Gobierno cubano busca evitar que los cuentapropistas tengan excesivas utilidades y supuestamente una oferta "justa" para la ciudadanía.
No obstante, los propios mercados estatales venden, por ejemplo, el pescado (jurel o chicharro) a 20 pesos la libra, cuando a Cuba le cuesta comprarlo a Chile, desde donde lo importa, 2 pesos la libra. Esto se traduce en un negocio muy rentable para el propio Gobierno y de ninguna manera para la población que se niega a comprar el jurel a ese costo.
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