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El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ha recibido más de 400 denuncias y quejas relacionadas con el incumplimiento de los precios topados a los bienes y servicios de alta incidencia en la población.
Según destaca la estatal Agencia Cubana de Noticias, las incidencias están relacionadas con las violaciones de las resoluciones 301 y 302, donde se establecen límites máximos al comercio minorista y mayorista, tanto del sector estatal como el privado.
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La inmensa mayoría de las reclamaciones están relacionadas con el incumplimiento en la comercialización de productos listos para la venta, como bebidas enlatadas, y las tarifas para los transportistas privados.
Según la viceministra de Finanzas y Precios, luego de que la población hace la denuncia las entidades tienen una semana para dar respuesta a la situación.
Algo que ha resaltado es la aparición de combinaciones de productos para justificar un incremento de los precios. Sobre el tema señaló la viceministra que “no se van a permitir artificios ni trampas para evadir las resoluciones 301 y 302”.
El Gobierno ha justificado las medidas reguladoras adoptadas, y que establecen los precios máximos a determinados productos y servicios, con el fin de detener la tendencia de aumento de precios y, según su punto de vista, garantizar la capacidad de compra del salario luego de que este fuera incrementado en el sector presupuestado.
Para ello cada territorio es responsable de establecer los límites, teniendo en cuenta, según la prensa oficialista, la capacidad de compra de la población y los resultados de supuestos estudios de mercado bajo el principio de oferta y demanda.
Con las medidas se han visto afectados principalmente en el sector privado los que comercializan productos agropecuarios o que están listos para la venta, así como el sector del transporte.
Sobre los precios topados diferentes analistas y economistas coinciden, sin embargo, en que esta no es la solución a largo plazo, sino incrementar la producción.
Los límites de precios establecidos por el Gobierno cubano han traído como consecuencia que algunos trabajadores del sector no estatal se hayan negado a trabajar, como en la provincia de Cienfuegos, donde les amenazaron con quitarles la licencia si no acataban la indicación.
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