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Cerca de 74 familias asturianas, cuyos ancestros residieron en Cuba, aspiran a rescatar, algún día, los bienes expropiados por el régimen de Fidel Castro. Para ello, han recurrido a 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales (CRP), una entidad -con sede en Barcelona, Madrid y Miami- especializada en la temática.
De acuerdo con reportes de Europa Press, CRP representa actualmente los intereses de 420 clientes, lo que supone un total de 3.304 activos patrimoniales. Las familias asturianas simbolizan un el 17,6 de la muestra, con 350 propiedades, que incluyen desde casas hasta fábricas, industrias, negocios, tierras o explotaciones agrícolas.
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Mientras que el Gobierno de Estados Unidos nunca ha abandonado su empeño de recuperar los bienes confiscados por el castrismo, tal cual postula el Título III de la Ley Helms-Burton, España ha mantenido una política diferente. En 1986, la administración de Felipe González acordó con Cuba una serie de indemnizaciones.
El acuerdo, desarrollado en la Ley 19/1990, estipulaba que España no podía “presentar ni mantener ante Cuba o ante instancia arbitral o judicial posibles reivindicaciones de españoles relativas a los bienes recogidos”.
Según funcionarios del 1898 CRP, no solo los que no se acogieron al convenio, sino también aquellos que obraron por el mismo, siguen teniendo derecho a reclamar el 80 por ciento del valor de los bienes expropiados.
"Se considera que como muy máximo la indemnización pagada no llegaba al 20% del valor de dichas propiedades", indican.
Al parecer, existe un grupo de propietarios que pudieron conservar los títulos originales de los bienes. Otros, no pudieron sacarlos a tiempo de la Isla después del triunfo de la “Revolución” o se lo impidieron. Por último, hay una minoría que hizo entrega de sus documentos en la embajada de España en La Habana y hoy en día, aún no han podido recuperarlos.
Con un equipo multidisciplinario de consultores, juristas y documentalistas, CRP asegura con optimismo que existen vías para dar soluciones a los más de 3 mil casos. Sobre todo, después de diciembre de 2014, cuando comenzó a acelerarse la normalización de las relaciones internacionales con Cuba y la liberalización del mercado.
A la par, está la activación en mayo del Título III de la Ley Helms Burton, por parte de la administración de Donald Trump.
La legislación permite demandar en tribunales norteamericanos a compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen de Castro. La cláusula se ha suspendido sistemáticamente cada seis meses por 23 años, bajo el argumento de proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.
CRP considera que esta decisión puede "presionar aún más" al Gobierno cubano y a las empresas internacionales. A ello, habría que sumarle la actual crisis que afronta el chavismo en Venezuela, principal aliado político y comercial de la Isla.
"Si al final hay un cambio de gobierno en Venezuela, el régimen en Cuba caerá o tendrán que hacer cambios muy profundos, uno de los cuales será el de solucionar todo lo que tiene que ver con las propiedades confiscadas", apuntan desde 1898 CRP.
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