Los dictadores de América Latina no son políticos, sino que pertenecen al "crimen organizado transnacional", sostiene Carlos Sánchez Berzaín, quien presentó este jueves su libro "Castrochavismo: crimen organizado en Las Américas" en Miami, Estados Unidos.
"Los Castros se creen políticos cuando en verdad son criminales", afirmó el también director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID, por sus siglas en inglés) en un video compartido en su perfil de Twitter.
El también politógolo y abogado boliviano agregó que "(Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro reclaman condiciones y fueros como políticos e inclusive como dignatarios de Estado cuando en verdad son criminales, (Daniel) Ortega y Evo Morales hacen exactamente lo mismo".
Sánchez Berzaín señala que "las dictaduras: el castrismo en Cuba, el castrochavismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua no son actividades políticas (...) Eso se llama crimen organizado transnacional y no está en el ámbito de la política".
Su teoría, que queda recogida en el libro presentado por el IID, plantea que estos dirigentes y otros de la llamada izquierda latinoamericana "toman el poder, se quedan para siempre y matan, asesinan, roban, hacen lo que quieren y para mantener su impunidad siguen en el poder".
Este boliviano, que formó parte de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, apunta que politizan sus gestiones para beneficiarse de "la serie de inmunidades y de beneficios" de los gobernantes.
Para ello, especifica, "se presentan como revoluciones, se presentan como defensores de los pueblos, se presentan como progresistas, como populistas, se atribuyen ideologías que ya están superadas por la historia: son izquierdistas, son socialistas, son inclusive comunistas. Cualquier cosa que les sirva para no caer en el verdadero ámbito donde están que es el crimen organizado transnacional, y en eso consiste la politización".
Sin embargo, están muy alejados de la política, "una actividad que tiene como características, entre otras, el servicio al pueblo, la elección por el pueblo, la rendición de cuentas, el carácter temporal de la función pública", apunta.
Durante la presentación, el periodista de Diario de Las Américas, Manuel Aguilera, confesó que las columnas de Sánchez Berzaín en ese medio y el nuevo libro alertan del "teatro de apariencia democrática" de Maduro, Morales, Ortega o Rafael Correa.
"Siempre bajo la mirada aprobatoria de alguien de apellido Castro, antes Fidel, hoy Raúl, pero siempre un Castro", detalló.
“En 1999 existía una sola dictadura en Las Américas, que era la castrista en Cuba, que estaba agonizando. Había caído el Muro de Berlín y se había destruido la Unión Soviética, y la dictadura castrista se había quedado sin el soporte económico, y Fidel Castro recrea con Hugo Chávez su fracasado y agonizante proyecto que llamaba revolución”, apuntó el autor en la presentación según esa fuente.
Este jueves, la agencia Reuters reveló como desde 2008 en Venezuela intimidan a los militares con la ayuda y la estrategia del fallecido dictador cubano, a quien acudió Chávez cuando perdió un referéndum para perpetuarse en el poder.
El pasado de Sánchez Berzaín
Sánchez Berzaín se encuentra asilado en Estados Unidos porque durante septiembre y octubre de 2003, cuando ejercía como ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, planificaron matanzas planificadas para calmar el descontento que había en Bolivia entonces por la venta de gas natural a Chile, según una denuncia presentada en un Tribunal de Florida por los familiares de las víctimas.
Esas acciones y las revueltas provocaron la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, quien también está acusado de crímenes de lesa humanidad.
"El caso ofrece a los familiares de los muertos en la violencia una oportunidad para que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín rindan cuentas por las masacres que ordenaron," dijo Judith Chomsky, del Centro para los Derechos Constitucionales sobre este caso.
Este abogado señaló en varios ocasiones que esas acusaciones en su contra son una estrategia del Gobierno de Morales para mantenerse como presidente de Bolivia.
Estados Unidos se ha negado a extraditar a ambos políticos a Bolivia.
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