El juicio de asilo político del polizón cubano Yunier García Duarte se adelantó repentinamente de fecha para el 11 de septiembre, un mes antes de lo fijado en una audiencia judicial previa.
El abogado Willy Allen informó a CiberCuba que en horas de la mañana de este miércoles fue contactado por el tribunal de inmigración sobre la posibilidad de reprogramar el juicio de su cliente en una fecha vacante y aceptó el cambio.
"Les dije que sí sin pensarlo dos veces, porque en realidad tenemos ya el caso listo", dijo Allen. "Estamos preparados para defender a Yunier desde el primer día".
A una pregunta sobre las posibles implicaciones de que la suerte de García se decida en un aniversario del 9/11, Allen dijo que "es algo que no tiene incidencia en la solicitud de mi cliente ni en el curso legal del caso".
El drástico cambio de fecha se produce apenas 24 horas después de la primera comparecencia de García ante un tribunal de inmigración para validar su solicitud de asilo. En esa audiencia, celebrada en una sala del Centro de Detención de Krome, en Miami, se había fijado el 11 de octubre como fecha del juicio.
"Tendremos una decisión más pronto de lo que esperábamos... Ese día sabremos si permanecerá en Estados Unidos o será deportado, pero confiamos en que nuestro caso tiene los méritos suficientes para recibir el asilo", comentó Allen.
En las próximas horas el equipo legal que representa a García entregará el expediente completo de asilo al tribunal de inmigración.
El asilo político es la única opción que tiene un polizón para no ser deportado y permanecer legalmente en territorio estadounidense. García no puede beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, debido a su entrada ilegal de modo furtivo a suelo estadounidense.
García, de 26 años y empleado del Aeropuerto Internacional "José Martí" de La Habana, llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión comercial de Swift Air la medianoche del 16 de agosto.
Tras realizar la entrevista de "miedo creíble" la pasada semana, las autoridades validaron sus declaraciones y dieron luz verde para continuar el caso ante los tribunales de inmigración.
Su abogado desistió de hacer la petición de libertad condicional bajo fianza a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en virtud de no demorar el proceso legal.
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