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Un juez federal de Miami rechazó la petición de la corporación de cruceros Carnival para cancelar la demanda por daños y perjuicios de un reclamante cubanoamericano, y abrió las compuertas legales para iniciar el primer juicio bajo la ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos.
En una decisión de 13 páginas, el veterano juez James Lawrence King desestimó este lunes una moción de Carnival para evadir la reclamación de Javier García-Bengochea por el uso de instalaciones portuarias que pertenecieron a su familia en Santiago de Cuba y fueron confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
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La moción presentada por los abogados de Carnival, el pasado 30 de mayo, había sostenido en que el uso del muelle de Santiago de Cuba para transportar viajeros a la isla no podía considerarse un "tráfico con propiedades confiscadas", pues los viajes estaban respaldados como acciones legales por el gobierno de Estados Unidos. Los representantes de García-Bengochea respondieron la moción a finales de junio, y el juez King convocó a un audiencia especial con ambas partes el pasado 31 de julio.
"Basado en el texto de [la ley] Helms-Burton, el tribunal sostiene que la excepción de viaje legal es una defensa afirmativa al tráfico de propiedad que debe ser establecida por Carnaval, no negada por el demandante. Como se mencionó anteriormente, Helms-Burton crea una causa de acción contra cualquier persona que 'trafique' en cualquier propiedad cubana confiscada", argumentó King este lunes.
El juez concedió 20 días a Carnival para responder la demanda de García-Begochea, quien está representado por la firma Colson, Hicks & Eidson, de Miami. Los demandados tienen aún avenidas legales para nuevas mociones en el proceso de presentación de evidencias, pero la decisión de King despeja el camino para decidir el caso en un juicio civil.
Con 91 años, King una de las figuras legendarias en el sistema judicial de Estados Unidos, con experiencia previa en casos que involucran al gobierno cubano y la comunidad exiliada de Miami. En 1997 otorgó $187.6 millones en compensación a familiares de pilotos de la organización Hermanos al Rescate que fueron derribados por Migs cubanos en aguas internacionales en 1996.
En el dictamen judicial, King defendió además el derecho legítimo de García-Bengochea a su reclamo por la propiedad confiscada en base a su participación como accionista en la empresa La Marítima Parreño, un negocio familiar que tuvo posesión del muelle principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960. El demandante afirma tener una participación del 82,5% en acciones de la propiedad heredada.
Carnival había señalado que esta acción debía ser desestimada porque, como cuestión de derecho corporativo, "el demandante no posee un interés directo" en la propiedad confiscada.
El juez mencionó a no existe ninguna indicación de que al elaborar la Helms-Burton "el Congreso estuviera legislando con las formalidades corporativas en mente", sino con los términos ampliamente extendidos de "reclamación", "propietarios legítimos" y "víctimas de confiscaciones".
King consideró que la Ley Helms-Burton no solo protege a aquellos demandantes que eran propietarios directos. "En otras palabras, la interpretación del Carnival haría que la palabra 'reclamar' fuera totalmente superflua, lo que también pesa mucho en contra de su argumento", sentenció.
Finalmente, King refutó el criterio de los representantes de Carnival de que esta demanda socavaría sustancialmente el objetivo del Congreso de disuadir el tráfico de propiedades en Cuba.
"De hecho, en este caso Carnival argumenta que La Marítima no es de un ciudadano estadounidense en capacidad de presentar una reclamación bajo la Ley Helms-Burton por los muelles confiscados, y, según Carnival, eso significa que nadie lo está. El tribunal considera inverosímil que el Congreso pretendiera tal resultado", concluyó el juez.
Los abogados de Carnival, representada por los bufetes Boies Schiller & Flexner, Jones Walker LLP y Akerman's International Practice, declinaron comentar a CiberCuba sobre el dictamen o los próximos pasos en el litigio. Un comunicado de la compañía, con sede en Miami, indicó: "Creemos que operamos dentro del proceso aprobado por el gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba y esperamos poder probar los méritos de nuestro caso".
García-Bengochea, un neurocirujano residente en Jacksonville, Florida, presentó su demanda contra Carnival el mismo día que entró en vigor la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, el pasado 2 de mayo. La activación de esta cláusula permite a ciudadanos estadounidenses presentar reclamos de compensación a compañías o ciudadanos extranjeros y de Estados Unidos que trafiquen u obtengan beneficios comerciales de propiedades incautadas después de 1959.
Carnival comenzó a viajar a Cuba en el 2016, tras la flexibilización decretada por la administración de Barack Obama para las visitas de estadounidenses, con desembarcos regulares en las terminales portuarias de La Habana y Santiago de Cuba.
Una demanda paralela contra Carnival fue presentada en la misma fecha por Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation, y está aún pendiente en manos de la jueza federal de Miami, Elizabeth Bloom. La compañía Havana Docks ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados en 1960.
Como ocurrió en el litigio de García-Bengochea, la jueza Bloom también deberá fallar sobre una moción similar presentada por Carnival para desestimar la demanda de Havana Docks.
Pero la decisión de King pareció alentar a ambos demandantes, que este martes presentaron otras cinco demandas contra compañías de cruceros, apelando a la Ley Helms-Burton.
En nombre de Havana Docks Corporation, la familia Behn demandó a la compañías MSC Cruises, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line Holdings por el uso de instalaciones del puerto de La Habana, mientras que García-Bengochea lo hizo contra Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line Holdings por el uso de la rada santiaguera.
Con las nuevas acciones legales suman ya 14 los litigios entablados bajo la Ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos.
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