El gobierno de Hialeah tendrá que pagar una penalidad por 75 000 dólares, luego de que una investigación realizada por el condado de Miami-Dade confirmara la violación de varias leyes por el alcalde de esa ciudad, Carlos Hernández, al otorgar licencias temporales de funcionamiento a casi un centenar de negocios sin la aprobación del Departamento Condal de Servicios Medioambientales (DERM, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un reporte de Univisión, la investigación del Condado reveló el otorgamiento de licencias sin el debido permiso ambiental a un total de 98 negocios, lo que pone en riesgo los sistemas de aguas residuales y alcantarillado de la ciudad. De estos negocios, 78 seguían funcionando el pasado mes de junio.
Tras la investigación iniciada en septiembre fueron canceladas las licencias, por lo que los negocios implicados y cientos de empleados podrían verse afectados ante la inminencia del cierre de los establecimientos.
El reporte de la periodista Erika Carrillo denuncia también que el importe de la multa no es ni la mitad del dinero que Hialeah recaudó con esos permisos, ya que según los documentos públicos a los que tuvo acceso el medio, desde 2017 el gobierno municipal cobró más de 240 000 dólares por las autorizaciones concedidas ilegalmente.
La licencia regular de negocios no cuesta más de 200 dólares anuales, pero el reporte televisivo cita el caso del taller mecánico “Ramos Brothers”, que le pagó al gobierno de Hialeah más de 13 000 USD por una licencia temporal de 24 meses, lo cual supera los impuestos de propiedad. Otros, como la cadena Graziano's y un supermercado, pagaron 12 000 y 8 000 dólares, respectivamente.
El gobierno de Hialeah continúa sin responder a qué cuenta bancaria se destinó ese dinero, indica Univisión. “Directamente, yo soy el responsable por todo el mundo, no voy a señalar a nadie más”, admitió un mes antes el alcalde de Hialeah a ese mismo medio. Pero tras hacerse públicos los nuevos documentos, Carlos Hernández no ha respondido a solicitudes de entrevista ni a los mensajes que se le han enviado.
Un empleado manifestó su preocupación al declarar que los problemas legales podrían dejar a personas sin trabajo en los locales implicados. Por su parte, la dueña de una pizzería aseguró que desde 2015 paga estos costosos permisos temporales, y ahora ignora qué pueda sucederle.
“Cada funcionario trabaja por el beneficio de la población a la que ellos representan, y lo que hacemos es por aportar a esa misma comunidad”, dijo Adrián Santos, un médico veterinario que tenía en riesgo su inversión de 100 000 dólares, hasta que recurrió a políticos que lo ayudaron.
Por ley, DERM debe tomar parte en la aprobación de las licencias de cada negocio que se abre en las 36 ciudades dentro del Condado, haciendo cumplir un acuerdo federal ambiental.
Según datos oficiales, 34 de las 96 estaciones de bombeo de aguas residuales de Hialeah estaban dañadas y la ciudad ya no tenía capacidad en el sistema de alcantarillado en ciertas áreas. DERM impuso moratorias desde 3,5 y hasta 7 años al 30% de las estaciones de bombeo. Sin embargo, la alcaldía de Hialeah no ejecutó las reparaciones ni invirtió lo suficiente en infraestructura, en cambio, comenzó a emitir licencias a nuevos negocios en zonas de la ciudad sin la capacidad adecuada para gestionar el flujo de aguas negras.
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