Represión sincronizada: Cuba y Rusia legislan contra las libertades ciudadanas

Pocos se han percatado de que se trata de una situación de alarma: con el Decreto-Ley 389 de 2019 el gobierno cubano abre una nueva etapa represiva en la que se da amparo legal a la vigilancia electrónica sin que un juez tenga que autorizar el escrutinio de información sobre personas y entidades investigadas por supuesta actividad delictiva.

Y debe alertarse al ciudadano cubano que ha perdido la capacidad del asombro y merodea en la isla buscando comida mientras se marchitan sus esperanzas de cambio. Los cambios solo van ocurriendo para estrechar más las paredes de esa prisión tropical en que languidecen nuestros compatriotas.

Aunque el gobierno cubano alega que esta legislación se dicta para poner a Cuba a tono con las tendencias mundiales en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo, ya sabemos que los opositores cubanos serán objetivos directos de esta movida gubernamental, pues son catalogados como “mercenarios” y “terroristas” cada vez que el régimen quiere mandarlos a prisión.

Lo curioso para todo aquel que sigue el asunto cubano es que Rusia también ha legislado recientemente para aplastar a la disidencia interna declarando “agente extranjero” a todo periodista o bloguero que critique el gobierno y esté recibiendo fondos del exterior. Los rusos al igual que los gendarmes de Miguel Díaz-Canel considerarán un enemigo del Estado a todo aquel que publique críticas -incluso en redes sociales- y reciba remesas del exterior, aun cuando no utilicen el dinero con fines “delictivos”.

La ley rusa fue aprobada con abrumadora mayoría por la Duma Estatal y solo requiere del Consejo de la Federación Rusa y la firma del presidente Vladimir Putin para su implantación. La normativa deja también la puerta entreabierta para que una persona que difunda información de los medios considerados como “agente extranjero”, incluyendo redes sociales, y reciba fondos del exterior, sea también incluida en la “lista negra”, aunque sea por algo no relacionado con el propósito del dinero obtenido.

Con el decreto cubano 389/2019 está claro que se da cobertura legal para que el gobierno intervenga las remesas con que malviven los disidentes, personas que no pueden trabajar bajo un acoso diario y a quienes se les fabrica causas penales de “actividad económica ilícita” cuando intentan montar un pequeño negocio.

Sobre la base legal de este decreto-ley, usted pudiera ser detenido si visita Cuba y previamente hubiera mandado dinero a una persona que difunde críticas al gobierno, aun cuando solo le haya mandado unos pesos para que pueda comer algo y resolver el día a día. Si esa persona adquiere notoriedad en las redes por sus memes contra las figuras de la nomenclatura castrista, por difundir imágenes del tornado que destrozo el municipio de Regla o simplemente porque pidió la libertad del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, entonces usted está en contacto con un potencial terrorista, un criminal, un mercenario que gracias a la vigilancia electrónica ha sido detectado recibiendo financiamiento desde el extranjero.

La legislación dispone que “las entregas vigiladas consisten en permitir que mercancías, cargas, bultos postales u otras remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes o con su intervención, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de estos. También se emplean en operaciones ilegales realizadas dentro del territorio nacional”.

En cuanto a las denominadas “remesas ilícitas”, la legislación establece que podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o sustituirse total o parcialmente, con el consentimiento de las partes interesadas”.

Tan increíble como parece, ahora será legal y puede ser una prueba contra usted en los tribunales todo registro digital, audio, video, foto, o declaración jurada de un chivato con carnet de agente entrenado por el MININT que oportunamente se obtenga para formar un expediente criminal.

No es casual que esta legislación haya visto la luz el pasado 18 de noviembre, en vísperas de que el gobierno lanzara el video de descrédito de José Daniel Ferrer, de cuyas actividades seguramente están recogidas suficientes “evidencias” para conformar el expediente del caso delictivo.

Que en nombre de la seguridad nacional Cuba y Rusia están activando mecanismos legales tan macabros contra la libertad de expresión, es el signo de una época más oscura que nos asecha. Estos son operativos combinados y no dudo que la dictadura cubana este devolviendo una receta mejorada que vino a Cuba en frasco de la Unión Soviética, pero que ya se ha perfilado Made in Cuba.