Una reforma administrativa y política a la medida del Partido Comunista de Cuba

Con la “designación” de los intendentes municipales, el régimen castrista parece que pone fin, al menos momentáneamente, al proceso de reestructuración de los órganos políticos y administrativos del estado, establecidos en la nueva constitución socialista aprobada el pasado año.

Llegados a este punto, y observando las dimensiones que ha alcanzado la organización del poder político que rige el país, la pregunta que se suscita es inmediata: ¿Es sostenible este aparato del estado en términos económicos? E incluso, podríamos preguntarnos yendo más allá ¿Esta organización puede servir para que la economía cubana mejore y prospere para todos, o realmente es una rémora que impide a las fuerzas productivas desplegar todas sus capacidades?

Estas cuestiones relativas a diseño constitucional y burocrático del sector público no resultan baladíes. Y mucho menos en un país, como Cuba, que conserva una sólida ideología estalinista, asamblearia y antidemocrática, que no es la más adecuada para los tiempos que corren. De hecho, la nueva organización administrativa hunde sus raíces en proclamas anteriores a la constitución, como los llamados “Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, el Plan de desarrollo hasta 2030 o la Conceptualización del modelo” documentos que establecen líneas, directrices, enunciados, y un sinfín de metas a lograr, pero en ningún momento se plantea escenario económico presupuestario alguno que sirva para ordenar todo lo que se quiere hacer.

La institucionalización de estas nuevas figuras que han aparecido en los últimos meses, desde el “primer ministro”, a los gobernadores y vicegobernadores, intendentes, etcétera, obliga a plantear la utilidad de las mismas y sobre todo su capacidad para beneficiar a la dinámica económica del país y dar consistencia a los procesos políticos económicos y sociales que se puedan producir, en ausencia de las necesarias instituciones democráticas y representativas que son la base del estado democrático de derecho. En cierto modo, el régimen castrista ha construido una casa empezando por el tejado, de modo que los cimientos que la sustentan no tienen solvencia suficiente para cumplir su misión. Son fácilmente prescindibles.

Y lo son, básicamente, porque ninguno de los objetivos formulados de “participación, democracia, integración e ideas creativas y consensuadas” de estas instituciones sirven para hacer frente a los cambios y transformaciones que necesita afrontar la sociedad y sobre todo, la economía. Se trata de estructuras de poder político partidista, dirigidas a controlar y supervisar el comportamiento de los miembros de la sociedad, en sentido amplio, al tiempo que se intenta asegurar la inamovilidad del sistema, haciendo que sea impermeable a cambios potenciales.

Pero volvamos a la cuestión que nos ocupa. ¿De veras alguien cree que los gobiernos provinciales del Poder Popular compuestos por un gobernador, vicegobernador, y de un consejo provincial integrado por los presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, y los nuevos intendentes, puede ayudar en algo al desarrollo económico y la prosperidad de la nación? ¿De qué representatividad se está hablando?¿Cuál es la carga económica y presupuestaria de estos nuevos órganos?

Si realmente el gobierno provincial representa al estado central, en pos del desarrollo del territorio en todos los ámbitos como coordinador entre las estructuras del estado y los municipios, otra forma de organización podría ser más eficiente. Porque mucho me temo que nada de esto sirve para “armonizar” y que los conflictos de competencias por funciones y atribuciones van a surgir continuamente, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan tener un interés económico. ¿Alguien se imagina a estas burocracias territoriales compitiendo para captar proyectos de inversión extranjera? Puede ser de escándalo.

Porque si para algo no sirve este complejo armazón burocrático es para beneficiar la autonomía municipal. Si por ejemplo, se trata de proyectos de desarrollo local, procedentes de una subvención a fondo perdido de un país concreto, a los que el régimen otorga tanta importancia, ¿de veras se piensa que estos proyectos van a ser concebidos, gestionados y aprobados por las entidades locales en soledad? Cada vez que recuerdo la película “Guantamera” del gran Titón, no puedo menos que sorprenderme de las aberraciones que el modelo económico comunista puede tener en un país.

No es cierto que los cambios en las estructuras de gobierno a nivel territorial puedan mejorar la autonomía municipal como dice el régimen. Más bien al contrario, la gestión ahora se eleva a los órganos provinciales que van a ocupar un espacio intermedio entre el estado o administración central y local, y precisamente por ello, van a ganar mucho poder e influencia para decidir a dónde o a quién se dirigen los recursos.

Incluso, las adhesiones políticas, los cargos de influencia y en definitiva, la lucha por el poder. La reforma que se ha planeado, lejos de pretender entidades municipales potentes y capaces de atender las necesidades de sus habitantes, consiste en crear estrechos controles para igualar, como siempre a la baja, los niveles de prestación de servicios en el territorio.

Desde esta perspectiva, a la nueva figura del intendente municipal que habría que ir a buscar a los tiempos de la administración colonial española, se le adjudican “funciones de dirección, control y avance de las actividades de carácter ejecutivo-administrativo de la localidad”.

Pero no creo que esto dure mucho tiempo. Sin nada que hacer, y con recursos limitados, los intendentes se van a implicar en la lucha por el poder provincial. Y ello, por muchas razones, pero la más importante de todas será su encaje con los delegados a las Asambleas Municipales, que son a su vez los encargados de su designación, con la propuesta del presidente. Ya se sabe de dónde viene la fuente de poder de los delegados municipales.

De facto, el régimen ha organizado un sistema institucional para perpetuarse en el poder, y que exige una jerarquía absoluta para cualquier decisión trascendente. Un cascarón vacío carente de legitimidad democrática, fácilmente reemplazable. En cierto modo, se ha querido reproducir por las instituciones que rigen el estado, la organización comunista, igualmente jerárquica.

De modo que quienes ocupan cargos políticos o administrativos, tendrán su origen esencialmente en el partido único, y viceversa. Aspectos como “creatividad, intelecto y responsabilidad” de los cargos pasarán a un segundo lugar con respecto a la obediencia y respeto a la jerarquía. En España a todo esto el tardo franquismo lo denominaba “hay que dejarlo todo atado y bien atado”, y ya ven lo que pasó.

Esta nueva administración tiene poco que ver con el impulso de iniciativas que mejoren las condiciones de vida de la sociedad. Se ha perdido una oportunidad histórica.