La policía política dio este jueves un plazo de 48 horas a los propietarios de la vivienda donde reside la periodista independiente cubana, Camila Acosta, para desalojarla.
Acosta, que alquilaba el lugar desde hace más de dos años, ha declarado a Cubanet -medio para el que trabaja- que lo sucedido forma parte de un complot de la Seguridad del Estado para amedrentarla.
La periodista precisó que fue interrogada y amenazada la pasada semana, y que le propusieron colaborar con ellos infiltrándose en los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
“Me propusieron incluso ‒relata‒ quitarme la regulación de salida del país; les dije rotundamente que no, que yo nunca apoyaría a una dictadura y que yo estaba orgullosamente regulada. Y aquí está la respuesta a la negativa: desalojo. Estoy en la calle”, precisó al citado medio. La joven ha indicado que por el momento no tiene lugar para dónde ir.
La joven fue impedida de viajar al extranjero en dos ocasiones en los últimos meses, y es hostigada con frecuencia por la Seguridad del Estado.
A finales de octubre, al regreso de un viaje a Estados Unidos, dos oficiales de la Seguridad del Estado la interrogaron en el aeropuerto de La Habana y le decomisaron libros, folletos y una gorra, aludiendo que eran “propaganda subversiva”.
Unos días después, el 3 de noviembre, ingresó a la lista de regulados. Ese día, al llegar al aeropuerto y entregar su pasaporte y boleto de viaje, los funcionarios de la Aduana le notificaron que no podría volar a Buenos Aires, Argentina, adonde había sido invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), para participar en el programa "Good bye, Lenin" y realizar la cobertura electoral del balotaje en Uruguay.
El caso de Camila Acosta se suma al de varios periodistas independientes que han sido acosados en los últimos meses. Entre ellos destaca el caso de la periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, cuyo domicilio fue registrado a inicios de enero. A Hernández le decomisaron varios implementos de trabajo y actualmente enfrenta un proceso judicial por el delito de receptación.
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