Al menos dos compañías internacionales vinculadas a proyectos de transporte e infraestructura aérea cancelaron los contratos establecidos con Cuba por temor a sanciones de Estados Unidos en medio del reforzamiento del embargo y la aplicación de la Ley Helms-Burton.
Durante una intervención este martes en el programa oficialista Mesa Redonda de la Televisión Cubana, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, mencionó que al menos dos empresas rompieron sus convenios, por lo que se verán afectados los proyectos de remodelación de los aeropuertos de la isla y la compra de dos aviones para la aerolínea estatal Cubana de Aviación.
El titular del ramo culpó a la campaña de máxima presión de la administración de Donald Trump sobre la economía cubana para justificar los problemas que enfrenta el transporte público en el país.
Al respecto, afirmó que una de estas importantes firmas informó que "detienen la participación en el proceso con el cronograma actual del proyecto" debido a "(...) nuevas circunstancias desafiantes para la economía".
Aunque no se reveló el nombre de las empresas, todo parece indicar que se trata de las firmas francesas Bouygues y Avions de Transport Régional.
En agosto de 2016, Bouygues y Aeropuertos de París habían logrado una concesión del gobierno cubano para ampliar y gestionar el aeropuerto de La Habana y el aeródromo de San Antonio de los Baños, pero al parecer las obras nunca comenzaron, pues desde entonces no se experimentaron cambio de importancia en sus instalaciones.
Sin embargo, a comienzos de este mes, la prensa oficialista dio a conocer que la Terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, había sido remozada mediante un proceso inversionista para mejorar los servicios prestados por la principal instalación aeroportuaria del país. No se dio a conocer la fuente ni los gestores de la inversión.
Rodríguez Dávila detalló que la segunda compañía canceló la venta de dos aviones que Cuba tenía casi comprados para destinarlos a vuelos nacionales.
El pasado julio, fuentes del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba rervelaron que Cubana de Aviación firmó un contrato de compra con el consorcio ítalo-francés Avions de Transport Régional para adquirir dos aeronaves del modelo ATR 72-600, las primeras que serían compradas por el gobierno cubano a compañías de Europa occidental en 17 años.
El contrato estaba valorado en unos 50 millones de euros y había sido firmado a comienzos de 2019.
Pero el pasado octubre, el Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Comercio redujo de 25 a 10 el porcentaje de partes originadas en Estados Unidos en los productos que cualquier empresa pueda vender a Cuba.
Según Rodríguez Dávila, la compañía responsable de la venta de los dos aviones decidió cancelar la transacción por temor a las consecuencias de violar esa normativa.
Asimismo, dijo que la prohibición de Trump de que vuelos regulares provenientes de Estados Unidos ingresen a los aeropuertos del interior del país "genera congestión en el aeropuerto de La Habana", una de las propiedades actualmente en litigio en una corte federal bajo la Ley Helms-Burton.
Otro sector afectado será el ferroviario, afirmó el ministro.
Según sus declaraciones la modernización de los talleres para la recuperación de los trenes volverá a ralentizarse dado que la principal compañía inversora del exterior se retiró luego de dos años de trabajo, ante las dudas que le genera una posible aplicación de sanciones.
La cancelación de los acuerdos con Cuba por parte de estas firmas coincide con el anuncio de que la administración de Donald Trump tiene en proceso más de 12 investigaciones sobre compañías extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en la nación caribeña.
Los ejecutivos de estas compañías podrían verse impedidos de entrar a Estados Unidos en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, luego de activado en 2019 el Título IV de la controversial legislación estadounidense.
Este permite prohibir la entrada a ese país a las personas que se beneficien del uso de propiedades incautadas por el gobierno cubano, con independencia de si la firma extranjera está sujeta a demandas ante tribunales estadounidenses.
La batalla legal inaugurada el pasado año responde a la aspiración legítima de miles de familias y compañías por recibir compensación por las propiedades que la revolución de Fidel Castro les arrebató sin indemnizarlos.
Entre las demandas presentadas en mayo de 2019 bajo la Ley Helms Burton está, precisamente, una contra las compañías francesas Bouygues y Aeropuertos de París, que gestionan el Aeropuerto Internacional "José Martí".
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