Lidier Hernández, activista cubano residente en Uruguay al cual el régimen le prohibió salir de la isla en febrero, ha recibido finalmente una explicación sobre los motivos por los cuales habría sido regulado.
Hernández ha precisado que citaron a su madre por teléfono para que se presentara en Cienfuegos -donde se había presentado una reclamación- y durante la entrevista le dijeron a su madre que él había sido regulado en aplicación de la “ley 302 de 2012 artículo 25 incisos d) y h)”, que alude a "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público".
Hernández ha precisado que a su madre no le dieron ninguna constancia escrita y que toda la argumentación fue verbal.
El artículo 25 esgrimido por Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) establece que "toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país (…) inciso d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; e inciso h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas".
Hernández Sotolongo es uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia y también coordinador en Uruguay del Movimiento Opositor Cubano Somos+.
Lidier explica que las autoridades argumentaron a su madre que habían tomado la medida contra él por haber participado "en manifestaciones ante la Embajada de Cuba en Uruguay", algo que es considerado "como una agresión, un acto hostil al Estado cubano, al territorio cubano".
El joven -residente desde hace tres años en Uruguay- recuerda que es totalmente legal convocar ese tipo de manifestaciones en la nación sudamericana, y que los participantes en la protesta nunca entraron en territorio de la embajada de Cuba en Uruguay.
"Una sola vez estuvimos en la acera y no estuvimos ni 15 segundos porque la turba de personas que nos mandaron allí a empujarnos, a ofendernos, nos sacaron a empujones. Así que nosotros nunca hemos agredido el territorio de la Embajada cubana ni mucho menos a su personal diplomático", precisó.
Lidier añadió que ya está en contacto con su abogado y van a proceder a presentar nuevamente "una demanda por daños y perjuicios que en su momento fue rechazada porque no había habido un pronunciamiento ni silencio administrativo".
El activista confía en que el Tribunal Supremo atienda con carácter urgente el procedimiento, teniendo en cuenta que su esposa en Uruguay se encuentra en aprietos económicos, dada la nueva situación creada por el coronavirus.
"Yo no vivo en Cuba, no quiero vivir en Cuba, yo vivo en Uruguay, y quiero seguir viviendo en Uruguay, donde está mi esposa, mi trabajo, mis pertenencias, todo", concluyó.
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