Un tribunal de Santa Clara condenó en juicio sumario a dos activistas del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) por el presunto delito de “desacato” a las autoridades.
Los acusados fueron Juan Galbán Hernández y Yampiel Bernal Ampudia, quienes en la tarde del 23 de abril se encontraban en una vivienda de la calle Síndico entre Sterling y Carretera de Circunvalación, reparto Raúl Sancho, conocido como El Condado.
Ambos comentaban sobre la situación de escasez en el país, que afecta, entre otras cosas, el acceso a alimentos, medicamentos y productos de aseo personal. Entonces, el vecino de ambos, un teniente coronel que trabaja como instructor penal en la provincia, intervino en la conversación para refutar los argumentos de los activistas.
De acuerdo con el sitio del FANTU, se inició una discusión verbal entre los implicados, pero cuando el oficial no pudo imponer su criterio ante los señalamientos de los opositores al régimen por el manejo de la crisis del coronavirus, este llamó por teléfono a la policía, que acudió de inmediato para arrestarlos.
El 24 de abril, a las 10:00 a.m., Juan Galbán Hernández y Yampiel Bernal Ampudia fueron sentenciados a 12 y 10 meses de privación de libertad, respectivamente, por el supuesto delito de “desacato”. Ahora cumplen condena en la prisión provincial La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara.
Ese mismo día, en la propia ciudad, el exprisionero político Freddy Joel Martín Fraga, también integrante del FANTU, fue intimidado por el capitán de la Seguridad del Estado Yunier Monteagudo Reina, que lo amenazó con quitarle la vida.
Martín Fraga se encontraba en una cola ante las oficinas de ETECSA, cuando el represor le advirtió que no saliera más de su casa o le iba a pegar un tiro. De igual modo, lo desafió a subir con él en su motocicleta, para ver si dirimían la controversia definitivamente con la muerte de uno de los dos.
Varias informaciones publicadas por estas fechas sugieren una nueva ola de represión en la Isla, agudizada por la situación sanitaria del coronavirus que, incluso en naciones democráticas, ha forzado a las autoridades a aumentar el control sobre la población, con el fin de contener la propagación de la enfermedad.
Sin embargo, lejos de favorecer el cumplimiento de la medida de aislamiento social, el Ministerio del Interior ha estado citando a activistas opositores y periodistas independientes para que rindan cuenta de sus actos, contrarios a los intereses del régimen.
En tal sentido, ha desempeñado un rol importante el Decreto Ley 370, el cual regula la libertad de expresión de los cubanos, llegando a justificar multas de 3 000 pesos cubanos a los transgresores, cuyas publicaciones en redes sociales, a juicio del totalitarismo, atentan contra la “moral” y las “buenas costumbres” de la sociedad.
Algunos días atrás, activistas independientes cubanos y representantes de organizaciones opositoras en la isla trasmitieron una declaración colectiva en la que denunciaban el creciente hostigamiento del gobierno, alertando además sobre la propaganda gubernamental ante el COVID-19 y pidiendo la liberación de los presos políticos y los encausados por "peligrosidad predelictiva".
“Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba”, expresaba el comunicado.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) los casos de coronavirus en Cuba aumentaron a 1 369 en total hasta este sábado, después de que se reportaran 32 nuevos contagios.
De ellos, 800 se mantienen como casos activos y presentan evolución clínica estable. Otros doce tienen un seguimiento especial por encontrarse una mitad en estado crítico y la otra reportada como grave. Son 54 las personas que han perdido la vida en la isla a causa de la pandemia.
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