El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular revisar la constitucionalidad de los artículos 68 y 76 del Decreto Ley 370 "Sobre la informatización de la sociedad cubana" y su posterior derogación, informó a CiberCuba el director Ejecutivo de esa organización, Alejandro González Raga.
Hasta ahora, los reclamos se centraban solo en el artículo 68, inciso "i", donde se establece que es una contravención "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
"Pedimos que se revise también el artículo 76 porque es un derecho ser indemnizado por la indebida aplicación del decreto", aseguró González Raga, ex preso de la Causa de los 75 y residente en España.
A las personas naturales que incumplan con la ley se les impondrá una multa de 3 mil pesos (CUP) y/o el decomiso de los equipos y medios utilizados sin que exista derecho a reclamar por los daños o perjuicios ocasionados por la medida, establece el decreto.
"Estamos claramente ante una forma encubierta e ilegal de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural bajo la apariencia de normas administrativas contra actuaciones que no van contra los bienes jurídicos más importantes (...) Queremos llamar la atención de que en estos momentos las autoridades están usando el precitado artículo para sancionar con multas significativas a ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales abiertas, como Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales", recoge la solicitud.
En el último mes varias son las denuncias relacionadas con las multas aplicadas a los ciudadanos y el acoso a periodistas independientes por mostrar en redes sociales y medios de prensa no oficiales la crisis que se vive en Cuba a causa del coronavirus.
"Es inadmisible que en un Estado se imponga el silencio como ley", escribió el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en un artículo que se publicó en The New York Times, donde se mostró crítico del decreto ley y también pidió al gobierno cubano su derogación.
El Decreto Ley se aprobó el 17 de diciembre de 2018 pero no se publicó en la Gaceta Oficial hasta julio de 2019. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las restricciones que vive el periodismo independiente en Cuba, intensificadas con esta medida.
En el período de octubre 2019 a marzo 2020 el gobierno cubano mantuvo sus ataques la libertad de prensa con total impunidad, aseguró la SIP en su más reciente informe.
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