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La Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, presentó este sábado una declaración a la prensa en la que solicita al gobierno cubano que el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones sea puesto en libertad.
“En el Día Internacional por la Libertad de Prensa, quiero recordar a un periodista cubano que se encuentra en prisión debido a su profesión: Roberto de Jesús Quiñones”, fueron las palabras de la Encargada de Negocios para iniciar su declaración.
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Tekach asegura que el gobierno cubano dice que no hay periodistas encarcelados en Cuba, sin embargo, la comunidad internacional está en desacuerdo.
Mara explica en su declaración a la prensa que Roberto Quiñones fue detenido al intentar reportar sobre un juicio polémico para el gobierno, en el que se vulneró la libertad religiosa y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.
El periodista independiente se convirtió en una víctima de la violencia policial y quienes lo golpearon también lo acusaron de resistencia y desobediencia, por lo que fue condenado a un año de prisión.
Tekach recuerda que Roberto Quiñones ha cumplido 7 meses en la cárcel y se le ha negado la libertad condicional.
Atendiendo a que recientemente el gobierno cubano ha puesto en libertad a más de 6 mil reclusos como medida preventiva en la crisis del coronavirus en Cuba, la Encargada de Negocio de la Embajada de Estados Unidos pide al Estado que el periodista independiente también sea puesto en libertad.
“Roberto Quiñones es vulnerable al COVID-19. Padece de múltiples enfermedades crónicas, incluyendo asma, y está en el grupo de edad en riesgo. Si el gobierno cubano ha decidido excarcelar tempranamente a más de 6 mil presos ¿por qué Quiñones no fue incluido en este grupo?”, expone la diplomática.
Tekach asegura que ya es hora de liberar a Roberto de Jesús Quiñones, al menos por razones humanitarias. Es un periodista que ya ha soportado demasiado, por el simple hecho de querer una sociedad más transparente.
A esta declaración se une la misiva enviada desde el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional y la Oficina para México y Centroamérica de Article 19, que está dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para que libere al periodista encarcelado Roberto de Jesús Quiñones.
El documento también ha sido firmado este sábado y se ha hecho público. En el mismo, las organizaciones firmantes aseguran que como mínimo 250 periodistas se encontraban encarcelados en todo el mundo, inclusive en Honduras, Venezuela y Cuba.
“La situación del periodista cubano Roberto Quiñones parece ser particularmente alarmante, por lo cual reiteramos ese llamado a nombre suyo en estos momentos de gran preocupación por la salud pública”, indican en el texto dirigido a Díaz-Canel.
Roberto Quiñones es abogado y colaborador del sitio web de noticias CubaNet. Se encuentra encarcelado desde el 11 de septiembre de 2019 en la Prisión Provincial de Guantánamo.
Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia, encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
En el documento se rememoran además las descripciones hechas por el periodista de su entorno en la Prisión Provincial de Guantánamo y publicadas por CubaNet el 1 de octubre y el 5 de marzo. Quiñones ha descrito las condiciones de su encierro con hacinamiento, mala calidad del agua y los alimentos, así como falta de atención médica adecuada. Tras difundir estas informaciones se le negó el acceso a llamadas telefónicas y se le prohibió estar en espacios al aire libre de la prisión.
La carta dirigida al mandatario cubano recuerda que “el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Cuba suscribió en 2008, declara que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” y establece el derecho de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, inclusive sobre cuestiones de interés público”.
En este sentido las organizaciones firmantes se unen para recordar a Cuba la obligatoriedad de garantizar estos derechos y su deber de proteger a la población ante la pandemia del COVID-19 sin discriminación, inclusive a las personas privadas de su libertad.
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