Un tribunal federal de Estados Unidos decidió que existen suficientes evidencias para procesar a Alexander Alazo Baró como responsable del ataque perpetrado con un fusil de asalto contra la embajada de Cuba en Washington el pasado mes.
En una audiencia preliminar, el juez de instrucción Michael Harvey determinó que existe una "causa probable" para el encausamiento de Alazo, quien permanece bajo custodia de las autoridades desde el 30 de abril.
La decisión de Harvey, tomada este jueves, se fundamentó en el testimonio de un oficial del Servicio Secreto (USSS), organismo encargado de la investigación del caso. La información fue hecha pública al día siguiente a través del sistema electrónico de los tribunales federales.
El tribunal del Distrito de Columbia no concedió el derecho a fianza de Alazo y dejó pavimentado el terreno para una audiencia de presentación formal de cargos (arraignment), en la que el acusado deberá aceptar su culpabilidad o declararse inocente de los hechos imputados.
No se programó una fecha para la audiencia de formulación de cargos y Alazo pudiera ser sometido previamente a una evaluación de su estado mental antes de proceder a encausarlo.
La fiscalía acusa a Alazo por atacar con violencia a funcionarios e instalaciones diplomáticas con la intención de matar, dañar intencionalmente la propiedad de un gobierno extranjero, usar indebidamente un arma no registrada. De ser hallado culpable pudiera encarar una condena de hasta 15 años de cárcel.
La audiencia preliminar de Alazo estuvo precedida la víspera por la interposición de sendas mociones de la fiscalía y la defensa respecto a la comparecencia de Alazo y la opción de prolongar el proceso para la presentación de evidencia contra el acusado.
En una petición de 11 páginas, la fiscalía había solicitado al tribunal una extensión de la audiencia preliminar hasta el próximo 15 de junio, considerando que debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus se presentaban dificultades para completar y exponer toda la evidencia del expediente acusatorio.
"Las limitaciones prácticas de llevar a cabo una audiencia preliminar completa a través de una vídeo teleconferencia (VTC) en la que todos los participantes aparecen remotamente desde lugares separados resultan evidentes", indicó la solicitud, firmada por los fiscales Stuart D. Allen y Nicole S. Hutchinson.
La fiscalía argumentó que era cuestionable la capacidad de utilizar las pruebas durante una audiencia virtual, teniendo en cuenta que el expediente incluye más de 180 páginas y los videos de las cámaras corporales de los policías en la escena del tiroteo y el video de vigilancia de la embajada cubana, con imágenes del atacante en acción.
Las imágenes del tiroteo registradas desde la embajada cubana son las que muestran más nítidamente los pormenores del ataque y el comportamiento de Alazo por alrededor de 10 minutos, antes de ser arrestado por fuerzas de la Policía Metropolitana de Washington y el Servicio Secreto.
Para la postergación de la audiencia preliminar, los fiscales argumentaron la probabilidad de dificultades técnicas durante una videoconferencia, y señalaron problemas para enviar los videos del tiroteo por correo electrónico debido a la longitud y peso de los materiales.
La defensa respondió de inmediato la moción del gobierno con el criterio de que los fiscales estaban presentando una excusa injustificable, pues en el tiempo transcurrido los videos podían haberse transferido a una memoria flash, un disco duro o un DVD, y hacerlos llegar al tribunal por servicio de mensajería o correo postal, o incluso por la internet.
"Si el gobierno no puede o no quiere tener una audiencia preliminar antes del 14 de mayo de 2020, la acusación deberá desestimarse y el señor Alazo, puesto en libertad", escribió el abogado Tony W. Miles, defensor público designado por el tribunal.
Pero el juez Harvey rechazó la petición del gobierno y dio curso a la audiencia preliminar de Alazo. Por ley, la determinación de una "causa probable" en casos penales federales debe establecerse en un plazo no superior a los 14 días posteriores al arresto del inculpado.
CiberCuba contactó a Miles para conocer la situación de su cliente, pero el abogado declinó comentar sobre el asunto.
Alazo, de 42 años, se encuentra en prisión preventiva por el asalto armado a la sede diplomática de Cuba, calificado por las autoridades estadounidense como un "crimen de odio". El hombre, de origen cubano, realizó 32 disparos con un fusil AK-47 contra el edificio y luego lanzó el arma contra la entrada para arroparse en una bandera estadounidense.
En declaraciones registradas en los documentos de la corte, Alazo afirma que si el embajador cubano José Ramón Cabañas u otro funcionario hubiera salido del edificio le habría disparado porque los consideraba su "enemigo".
Alazo dijo sentirse perseguido por "organizaciones del crimen organizado" enviadas por el gobierno cubano y decidió enfrentarse a ellas después de años de supuesto hostigamiento. "¡Dispárame si quieres dispararme! Yo estoy aquí. Soy yanqui", dijo Alazo antes de comenzar a disparar esa madrugada, según sus declaraciones incluidas en la acusación fiscal.
Los reportes de la investigación policial indican que Alazo había recibido evaluación médica y tratamiento siquiátrico en semanas recientes, y tenía un comportamiento sicótico, información que confirmó su esposa.
La información difundida esta semana por las autoridades cubanas indica que Alazo emigró hacia México con una visa religiosa en 2003 y cuatro años después se refugió en Estados Unidos tras cruzar la frontera por la zona de Texas. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla dijo que había viajado en ocho ocasiones a Cuba hasta 2015 y que recibió asistencia consular sin ninguna dificultad en su relación con los representantes cubanos y con el país.
El gobierno cubano ha criticado a Estados Unidos y su Departamento de Estado por supuestamente silenciar la acción armada de Alazo y no condenar lo que califican de "acto terrorista".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reclamó una investigación exhaustiva sobre los presuntos vínculos de Alazo con una iglesia cristiana, líderes políticos y activistas del sur de la Florida que mantienen una postura hostil hacia el régimen de la isla.
Rodríguez Parrilla dijo que el ataque de Alazo es "resultado directo de la política y del discurso agresivo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y de la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses y grupos extremistas anticubanos".
Sin embargo, el gobierno cubano no ha presentado pruebas documentales ni testimonios de las supuestas conexiones del asaltante con grupos violentos o personalidades cubanoamericanas más allá de referencias a vínculos indirectos a través de las redes sociales.
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