El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la ola de juicios ejemplarizantes que el gobierno cubano está televisando a modo de reportaje en su Noticiero Nacional, y cuyo objetivo es intimidar a la población en medio de la pandemia por coronavirus.
"Denunciamos la ola de juicios ejemplarizantes con la que el régimen busca intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país. La utilización del sistema judicial para imponer el miedo se realiza violando el debido proceso", sostuvo Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH.
"Es paradójico, que el gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia. Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", agregó.
Según la OCDH, el empleo del método de "atestado directo" del procedimiento proceso penal "sumario" implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados, que suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio.
Sostienen además que varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema.
En la ciudad de La Habana se han realizado más de 500 juicios, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita, según señala la prensa oficial.
Desde que la pandemia por coronavirus llegara a la isla y con esta se hiciera más evidente la escasez y el deterioro económico del país, la televisión cubana ha desatado su campaña mediática contra las personas que supuestamente no cumplen las medidas impuestas por las autoridades para frenar la propagación del coronavirus.
Así, por solo citar algunos ejemplos, se han transmitido juicios como al que fue sometido un joven cuentapropista, quien fue acusado de los delitos de propagación de epidemia y resistencia, por andar sin nasobuco por la calle y resistirse al arresto policial.
También han sido televisados los cientos de decomisos que el gobierno ha realizado a cuentapropistas y ciudadanos en general que serán llevados a juicio. Tal fue el caso de un cuentapropista en La Habana a quien le fue retirada la licencia y está pendiente de juicio por el delito de “actividad económica ilícita”, tras la denuncia de un supuesto comprador que dijo que había adulteración de precios en la venta de productos agropecuarios.
En una serie de entrevistas realizadas por el programa estatal "Hacemos Cuba", del Canal Caribe, los entrevistados se mostraron partidarios de los reportajes sobre operativos policiales de confiscación de alimentos y delitos de acaparamiento, habituales en la televisión.
Según un coronel de la PNR consultado por el espacio televisivo"los cubanos están respondiendo al llamado”, y precisó que en muchos casos es la propia población la que avisa a la policía de presuntos hechos delictivos, que luego acaban siendo confirmados en la mayor parte de los casos.
Lo cierto es que en el contexto de la crisis epidemiológica, el gobierno de La Habana ha arreciado los arrestos policiales y las detenciones arbitrarias, sumando estas últimas un total de 67 solamente en mayo.
La OCDH denunció que las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
También se registraron 74 actuaciones represivas de otro tipo, principalmente de acoso mediante citaciones policiales.
Asimismo, el llamado Decreto 370 o Ley de Azote que regula la libertad de expresión y el uso de la tecnología en el país se le ha aplicado con mayor fuerza opositores, activistas o periodistas, quienes han tenido que pagar multas de 3000 pesos.
Así le sucedió a la periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez, quien fue multada por esa cifra por realizar su labor como reportera y expresarse en la red social Facebook.
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