En medio de una prolongada crisis que ha llevado a los cubanos a padecer una grave escasez de alimentos, empeorada por la pandemia de coronavirus, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que su administración está diseñando una política para comercializar los productos agropecuarios de forma local.
“Yo sigo diciendo que el único mecanismo no puede ser Acopio, hay que crear otras estructuras. Un batey azucarero, que hay estructuras productivas, que van a producir la comida ahí, ahí lo que hace falta cuatro o cinco gente en una estructurita pequeña que son los que se van a encargar de gestionar con los productores comprar eso y ponerlo en el mercado”, explicó en videoconferencia con los gobernadores de todas las provincias.
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En la reunión también se analizó la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, un proceso que mantiene esperando a 12.070 campesinos que solicitaron tierras para ponerlas a producir y que, debido al aparato burocrático, aún no han recibido respuesta.
“Aquí hay gente que para poner a trabajar una tierra, entre la aprobación y eso, se meten más de un año”, reconoció el mandatario.
La distribución de los alimentos es un tema que desde siempre ha lastrado la agricultura en Cuba por la ineficiencia del sistema. Mientras con mucho esfuerzo los productores sacan sus cosechas, sin los recursos e insumos necesarios, las autoridades no brindan un mecanismo capaz de llevar los productos con rapidez al mercado, los cuales muchas veces van a parar a manos de intermediarios que los encarecen de forma abusiva, o en algunos casos se pierden.
Recientemente un campesino de Jagüey Grande, en Matanzas, denunció en su muro de Facebook que 150 quintales de piña que había cosechado se le echaron a perder “por culpa del mal trabajo y la corrupción de muchos dirigentes” de la fábrica del lugar.
“Prefirieron que se pudriera antes de vendérsela al pueblo, con la necesidad que tenemos hoy en día y la situación en que estamos y ellos solo preocupándose por sus propios intereses”, subrayó Elier Calvo.
“Por su culpa perdí 15 000 pesos, y después exigen que los campesinos acopien los productos sin contar el tiempo que se demoran en pagar”, añadió.
También en Holguín unos 15 campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de Mayo están reclamando a la Empresa de Ganado Menor (RGAME) de esa provincia el pago de más de cuatro toneladas de ganado menor vendidas en septiembre de 2019.
“Se le ha hecho saber a todas las autoridades de la ANAP, Agricultura, Fiscalía, Minint, Gobierno y Partido del municipio y la provincia, incluyendo la EGAME. Y nadie acaba de ponerle punto final a tal situación”, dijeron en una carta a la sección Acuse de recibo, del periódico Juventud Rebelde.
Mientras esto sucede, los medios de prensa oficialistas continúan mostrando ejemplos de la cruzada del régimen contra las ilegalidades en la isla.
Hace dos semanas la policía de Las Tunas desmanteló una fábrica de pienso privada en el poblado de Bartle, situado a cinco kilómetros del municipio cabecera, donde también decomisó 34 quintales de maíz, 133 de soya, 149 de pienso y cuatro de frijol, además de siete tanques de puré de tomate y 290 ristras de ajo.
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