El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, cuestionó a la a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “por facilitar el trabajo forzado de los médicos cubanos participantes en el programa Mais Medicos en Brasil”.
De ese modo lo expone la cuenta de la Embajada de EE.UU. en Twitter, refiriéndose a un proyecto en el que participaron alrededor de 10.000 médicos cubanos.
“La OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil”, comentó Pompeo durante la presentación del Reporte Internacional de Libertad Religiosa 2019.
El secretario de Estado denunció que el organismo regional aprobó un “acuerdo potencialmente ilegal” y exigió que se explicara "el destino de los $75 millones" de dólares que recaudó al intervenir en este programa entre Brasil y el régimen de La Habana.
“La OPS debe explicar cómo llegó a enviar $1.3 mil millones de dólares al asesino régimen de Castro. La OPS debe explicar por qué no buscó la aprobación del consejo ejecutivo, su propio consejo ejecutivo, para su papel en este programa”, remarcó.
Asimismo, pidió a la organización emprender reformas a fin de evitar que algo semejante pueda suceder de nuevo y advirtió que, al igual que con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Washington podía pedir cuentas a la OPS y otras organizaciones similares que operan con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
“Nuestro dinero debe respaldar cosas que crean valor y sustentan nuestros valores”, concluyó Pompeo.
A finales de mayo pasado, Trump comunicó que Estados Unidos había puesto fin a las relaciones de la nación norteamericana con la OMS, acusándola de estar operando bajo el control de China y de no proporcionar información precisa sobre la propagación del coronavirus.
“Tenemos reformas detalladas que deben realizar y comprometerse directamente con ellas, pero se han negado a tomar medidas”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, durante la cual expuso que el país iba a redirigir los fondos de la OMS a otras organizaciones.
La contribución de Estados Unidos a la organización, que se estima entre 400 y 500 millones de dólares anuales, cantidades que equivalen aproximadamente a un 15% del presupuesto total de la OMS.
Por otra parte, el acuerdo firmado en 2013 entre la administración de Dilma Rousseff y el entonces gobernante cubano Raúl Castro, permitía que el gobierno antillano recibiera mensualmente $4.000 dólares de los $5.000 que el llamado gigante sudamericano pagaba por cada galeno de la isla participante en el programa Mais Medicos.
Dichos acuerdos fueron suspendidos en noviembre de 2018, tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, que a su entrada exigió a los profesionales de la salud cubanos trabajar bajo las mismas condiciones laborales de los contratados por otros países y exigiendo además la reválida de título.
No pocas veces se ha expuesto una realidad que subyace en las misiones internacionalistas cubanas de las que se precia el régimen para hacer propaganda política. Profesionales que han participado en ellas han relatado los actos de acoso e intimidación a los que eran sometidos por el castrismo.
En 2018 también cuatro médicos cubanos que abandonaron el programa Mais Medicos presentaron una demanda contra de la OPS por facilitar la "red de tráfico humano" y "esclavitud" de los galenos antillanos en Brasil.
Más recientemente, el eurodiputado y representante del grupo político Renew Europe, Javier Nart advirtió a autoridades españolas y europeas del problema ético al contratar médicos cubanos por estar “en situación de servidumbre”, cuando estos estaban siendo recibidos en territorios del viejo continente para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.
Nart subrayó que el régimen de La Habana confiscaba a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos, al tiempo que hizo énfasis en la ignorancia de la comunidad internacional respecto de los modos en que funcionan las misiones cubanas.
“Esto confronta todas las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ningún país democrático se admitiría que el Estado se quedara con ese porcentaje del trabajo de una persona”, expresó.
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