La Oficina de Inspección Pesquera de la provincia Camagüey logró extraer del mar redes colocadas de modo ilegal para la captura de tortugas marinas y otras especies.
Este tipo de operativos se realizan de modo sistemático con el fin de disminuir las capturas ilegales que hacen pescadores furtivos en la región. En ellos intervienen instituciones que se preocupan por la conservación de especies marinas, como la Empresa Marlin: Náuticas y Marinas, o las Tropas Guardafronteras.
El uso ilegal de redes tiene un daño ecológico significativo. Estas trampas mortales funcionan día y noche atrapando a todas aquellas especies que por su tamaño puedan quedar retenidas al cruzar la red.
Los pescadores furtivos a veces demoran varios días en recoger a sus presas, por lo que algunas especies han sido halladas muertas, e incluso se encuentran animales en descomposición que no son aptos para el consumo humano.
Aún así, las instituciones responsables de la pesca en Camagüey aseguran que la carne de tortuga, como la caguama, llega a ser comercializada no solo de modo ilegal, sino también en mal estado, poniendo en peligro la salud de los consumidores.
Las redes ilegales colocadas en el mar afectan especialmente a las tortugas que son capturadas para comercializar su carne y su caparazón, ambos altamente valorados. También dañan organismos que viven en los fondos marinos, como corales y esponjas al enredarse y tirar de ellas hacia la superficie.
Las redes que se usan para este tipo de pesca están elaboradas con diversos materiales. Las cuerdas, por ejemplo, se fabrican con neumáticos reutilizados. Para los pesos que sirven de arrastre se utilizan herraduras, trozos de hierros, piedras, o cualquier otro material pesado.
La pesca ilegal de las tortugas pone en una situación vulnerable a especies que están incluso en peligro de extinción. Además, las redes rotas son abandonadas y quedan en el fondo del mar donde continúan atrapando y dañando la fauna marina.
En julio del 2019 se aprobó la nueva Ley de Pesca en Cuba, la primera de su tipo en 50 años. En ella se destaca una figura que no estaba reconocida hasta el momento, los pescadores por cuenta propia.
Esta ley define las normas jurídicas relacionadas con la actividad pesquera en el país. En las investigaciones que la sustentan se estima que unas 2500 personas practican la pesca ilegal en Cuba.
El 24 de diciembre de 2019, en la Gaceta Oficial se enumeraron las acciones que pueden ser consideradas violaciones a la legislación. Entre ellas destacan capturar, extraer, desembarcar, transportar, procesar y comercializar, especies en régimen especial de protección, amenazadas o en peligro de extinción tales como: manatí, delfín, cocodrilo, caimán, carey, tortuga verde, caguama, coral negro, manjuarí, jicotea y sigua, entre otros.
En relación con la comercialización ilegal de especies marinas como la caguama, carey, langostas, camarones, tiburones, hay de fondo otro tema que define la aparición de pescadores ilícitos: la escasez de comida en Cuba.
El Estado cubano no garantiza la comercialización de productos del mar. Los beneficios de la industria pesquera se destinan a la exportación y al turismo.
En el 2019 el régimen cubano ingresó más de 63 millones de dólares procedentes de la exportación de langostas y camarones.
El pueblo cubano pocas veces puede disfrutar en su mesa de pescados, camarones u otros productos del mar que antes estaban plenamente incorporados a la gastronomía marinera propia de una isla.
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