El Pen Club Internacional, única asociación mundial de escritores, manifestó su preocupación por el Decreto Ley 370, que permite al gobierno monitorear y censurar las publicaciones de los cubanos en redes sociales.
El director ejecutivo de esa organización, Carlos Torner, dijo en entrevista con Radio Martí que la normativa del régimen cubano así como las crecientes limitaciones a Internet en la isla caribeña eran motivo de preocupación para los escritores y artistas miembros de esa prestigiosa institución, fundada en Londres en 1921.
"El Decreto Ley 370 debe ser declarado inconstitucional pues atenta contra la libertad de expresión y de prensa" en Cuba, subrayó.
Torner, quien es doctor en ciencias de la educación, poeta, novelista y ensayista, consideró que la situación de los cubanos en general, que son multados indistintamente por publicar en redes sociales como Facebook alguna crítica al gobierno de la isla, es censurable.
Asimismo, se solidarizó con los autores cubanos, que no pueden expresarse en las redes ni experimentar la creación literaria en blogs y otras plataformas virtuales debido a la vigilancia gubernamental y al escaso acceso a Internet.
"Somos muy conscientes nosotros como asociación de escritores que, cada vez más, Internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento", señaló.
"Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así”, afirmó Torner.
El Decreto 370 prohíbe "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", y decenas de cubanos han sido multados con sanciones de hasta 3.000 pesos (unos 120 dólares) por incumplir esta normativa.
El pasado año Torner se pronunció contra la represión y el encarcelamiento de periodistas en Cuba, y pidió respeto a la libertad de expresión.
Otras organizaciones internacionales han criticado la norma cubana conocida también como "Ley Azote", por su arbitrariedad y la violación a los derechos humanos que esconde.
El jueves, en su informe anual sobre los derechos humanos en la isla, la Unión Europea también mostró "preocupación por la intensificación de la represión en Cuba" y por la continuidad del carácter hegemómico y excluyente del partido comunista.
Una fuente próxima al jefe de la diplomacia europea, el socialista español Josep Borrell, afirmó: "Quizá La Habana pensó que la epidemia de coronavirus provocaría un relajamiento en nuestra vigilancia del respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, pero no podemos dejar de expresar nuestro malestar con las numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia".
A inicios de junio 3.600 cubanos pidieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación del polémico decreto, "por inconstitucional", mediante un escrito dirigido al presidente del órgano legislativo, Esteban Lazo Hernández, y con copia al mandatario Miguel Díaz-Canel.
El documento, que está firmado por más de 500 ciudadanos residentes en la isla y otros 3.100 que viven en el extranjero, se apoya jurídicamente en el articulado de la Constitución de la República de Cuba y en los compromisos internacionales suscritos por su gobierno, y tiene el apoyo de extranjeros de 83 países, según la información divulgada.
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