El Gobierno de Cuba está amenazando con desalojar a más de 100 familias de un asentamiento ilegal situado en las cercanías de la heladería Ward, en el municipio Cerro, La Habana.
Las autoridades locales dieron de plazo hasta el próximo 10 de julio para que los residentes del asentamiento, conocido como Campo Catorce, se marchen voluntariamente, si no, serán echados por la fuerza.
Elidio Tumbarel Cascaré, uno de los afectados, explicó a CubaNet que todos los habitantes han recibido citaciones de la policía, la cual los ha intimidado con enviarlos a prisión si no abandonan el sitio.
“Han venido los inspectores, han pegado multas, han amenazado, van casa por casa diciéndole a todo el mundo que se vayan de aquí, que esto lo van a derrumbar. No tienen en cuenta el miedo de las mujeres y los niños, y no pedimos mucho, lo único que queremos es que nos dejen vivir tranquilamente”, añadió.
Otro de los moradores, Rodelquis Estrada Álvarez, relató que el segundo jefe de la 4ta unidad de policía les advirtió de que si no se van, les abrirán un expediente por peligrosidad.
“Esta es mi casa y la voy a defender hasta la muerte, no porque yo sea valiente ni guapo, es porque no tengo opción. De aquí no puedo irme. Muchos de los que estamos aquí si nos quitan la casa vamos a ir a dormir a la Plaza de la Revolución, porque no tenemos otra opción, no la hay”, precisó.
“Aquí llevamos dos años y algo… ¿Qué han hecho Planificación Física y Vivienda que en dos años han dejado que esto prolifere así? Porque aquí hay casi cuatrocientas viviendas… no nos podemos ir porque no tenemos para dónde ir”, recalcó.
Estrada Álvarez denunció que el acoso de las autoridades no ha cesado ni siquiera con la emergencia sanitaria derivada de la epidemia de coronavirus, desafiando las recomendaciones de los expertos de salud de mantenerse en aislamiento.
“Se aparecieron aquí en pleno COVID-19, proclives a propagar el virus, porque vienen de la calle y se te personan en la casa, en ocasiones sin pedir permiso. Eso es propagación de epidemias, pero eso no lo sanciona nadie”, subrayó.
Según denunció Aliuska Silva Martínez, el Intendente del municipio indicó al personal de la salud que les negaran asistencia a los habitantes de la comunidad ilegal, si alguno presentase algún problema durante la pandemia.
“El Intendente del gobierno del Cerro le reclamó a la enfermera que ella no era quien para atender a ninguno aquí, que ella no podía atender a ningún ciudadano aquí adentro: ni a nosotros, ni a los niños, ni a nadie, que no nos podían atender”, detalló.
En enero pasado estas familias se organizaron con banderas y carteles para evitar ser echadas de la comunidad ilegal. Entonces dejaron claro que defenderían su espacio, a pesar del trauma que les supuso el intento de desalojo que sufrieron.
Durante los últimos meses la policía de la capital ha protagonizado varios intentos de desalojo de asentamientos ilegales, sin tomar en cuenta los riesgos que implican acciones de ese tipo en plena pandemia de coronavirus.
Uno de ellos ocurrió en abril en el municipio del Cotorro, donde más de 1000 ciudadanos edificaron con su propio esfuerzo una comunidad en el lugar donde antes estaba el patio de la planta Antillana de Acero.
Los afectados eran en su mayoría personas procedentes del oriente del país, traídas a la capital para prestar determinados servicios laborales con la promesa de que tendrían una vivienda, algo que jamás se cumplió.
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