El régimen cubano elabora un grupo de normativas para que empresas y personas naturales puedan comprar la deuda pública del Estado, anunciaron las autoridades gubernamentales.
La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, aseguró que ya se están "elaborando los documentos normativos para la instrumentación de un mercado de deuda pública, en el cual se autorizará en un primer momento a las empresas a adquirir Bonos Soberanos y más adelante a las personas naturales".
El anuncio autoriza la participación de las empresas en la adquisición de los llamados Bonos Soberanos de la República de Cuba, así como la incorporación paulatina de personas naturales al proceso, lo que constituye una novedad dentro de las iniciativas para la diversificación de las fuentes de ingreso al presupuesto del Estado.
La información fue difundida este martes en el espacio televisivo de la Mesa Redonda como parte de las medidas de emergencia para paliar la crisis económica que golpea al país.
Por su parte, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Wilson González, afirmó que junto a la implementación del mercado de deuda pública, se establecerá un mercado cambiario en la medida en que el peso cubano alcance un mayor nivel de convertibilidad y aparecerá un fondo de reservas internacionales que permita respaldar el esquema cambiario establecido en cada momento.
La movida gubernamental indicaría una inédita descentralización en el manejo de los recursos financieros.
De acuerdo con Bolaños, este proyecto está encaminado a "diversificar la participación de los actores económico en la financiación de los déficit presupuestarios y contribuir a la sostenibilidad fiscal".
Sin embargo, es un indicativo inequívoco de que el Estado cubano necesita encontrar con urgencia financieros que se encarguen de su gigantesco déficit.
Exigir a las empresas la compra de estos bonos, e incluso a personas naturales, representa un afán recaudatorio que habrá que analizar con detalle cuando se publiquen estadísticas oficiales, consideran algunos expertos.
Entre otras medidas, cuyo impacto puede ser negativo para la población del país, Bolaños informó que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Planificación estudian disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social, a partir de identificar nuevas fuentes para su financiamiento como el seguro de vida.
Además, se establecerán mecanismos para penalizar la improductividad.
La funcionaria dio a conocer que se planea generalizar para el próximo año el impuesto por la ociosidad de la tierra e incrementar las cuantías de pago existentes. "No queremos tierras ociosas ni tierras poco explotadas; el que no produzca que se le entregue al que sí lo desea hacer".
También prevén establecer de manera gradual una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, tanto del sector estatal como del no estatal, con la cual si una persona es más eficaz y eficiente tendrá mayores beneficios.
Wilson González, por su parte, recordó en una intervención el pasado 28 de julio que el Banco Central avanza en la unificación monetaria y cambiaria, para lo cual existe una estrategia que ya tiene identificados los retos de alta complejidad.
Asimismo, que se entregarán créditos al sector agrícola, para lo cual se podría crear un banco especializado en ese sector de la economía.
"Un propósito en este tema es que los préstamos vayan directamente al productor", señaló.
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