El gobierno del municipio Regla, en La Habana, sancionó con multas de 2 000 y 3 000 pesos a varios dirigentes y trabajadores de empresas estatales que no estaban aplicando adecuadamente los protocolos sanitarios de prevención contra el coronavirus.
Según reportó en su página web la emisora Radio Ciudad de La Habana, el Consejo de Defensa Municipal realizó una visita sorpresa a entidades productivas del territorio, donde se comprobó que no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades.
Los centros inspeccionados fueron el molino de harina José Antonio Echeverría, la Fábrica de Piensos Tropicales y la procesadora de aceite. En esta última no se llegó a poner ninguna multa.
En todos los sitios se detectaron trabajadores usando mal el nasobuco y una deficiente desinfección de los locales.
Asimismo, las alfombrillas que se colocan a la entrada estaban bajo el sol y no se les había echado cloro, sino otras sustancias que no están admitidas en el protocolo.
También se impusieron multas a trabajadores de establecimientos, tanto tanto estatales como por cuenta propia, dirigidos a la venta de alimentos elaborados.
Este domingo se confirmaron dos nuevos pacientes con COVID-19 en Regla: una niña de 11 años y una mujer de 35 años.
Este es uno de los municipios de la capital con menos incidencia de la enfermedad, con un acumulado de 64 contagios desde que se inició la pandemia en marzo pasado.
Sin embargo, en las últimas semanas ha experimentado un aumento de los casos positivos debido al evento de transmisión local –aún abierto– ocurrido en la empresa Los Molinos, donde un grupo de trabajadores se reunió en el comedor para ver un partido de fútbol.
Esto abrió un evento de contagios que luego se extendió a la comunidad, con una cifra inicial de 10 pacientes confirmados 86 contactos en aislamiento.
El brote se expandió además a los municipios Habana del Este y Guanabacoa, donde fue necesario aislar a parte de la población e intensificar las pesquisas.
Desde el pasado 1ro de septiembre entró en vigor una disposición jurídica que posibilita aplicar "multas severas con altas cuantías", a quienes cometan indisciplinas relacionadas con la prevención de la pandemia.
A los particulares se sancionará con el pago de 2 000 pesos y para las personas jurídicas la multa será de 3 000 pesos. En todos los casos se tendrá que abonar la cantidad en un banco en un plazo no mayor de 10 días.
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