Vídeos relacionados:
Pese a las denuncias de organizaciones internacionales y peticiones para reconsiderarlo, este martes Cuba pasó a integrar por quinta ocasión el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras ser elegida con 170 votos, el 88% de los miembros del organismo.
La organización UN Watch, con sede en Ginebra, reveló en Twitter que ahora el 51% de los miembros del CDH no cumple con los estándares mínimos de una democracia libre.
Lo más leído hoy:
“Con la elección de China, Rusia, Cuba y Pakistán, ese número subirá a un impactante 60% a partir del 1 de enero de 2021”, apuntó UN Watch. Subrayó, sin embargo, que Arabia Saudita perdió luego de recibir un 48 por ciento de los votos, gracias a una campaña promovida por la propia organización.
A raíz de la noticia sobre la inclusión de la isla en el Consejo, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, en conjunto con medios independientes de comunicación, emitieron una declaración mostrando el desacuerdo con la elección.
“Nos preocupa profundamente la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Esto no solo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que también socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo”, dice la declaración.
“En los 12 años de Cuba en el Consejo, el país solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo”, detalla.
“En los tres ciclos del Examen Periódico Universal Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación”, señala.
La declaración también recuerda el caso del biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, censurado en el seno de la CDH en Ginebra por el representante de La Habana y sus aliados mediante constantes interrupciones, mientras intentaba hablar sobre los crímenes cometidos contra él y su hermana por el gobierno cubano.
Sin embargo, a pesar de la presión, el régimen ocupará un escaño en el Consejo de Derechos Humanos por los próximos dos años junto a países con modelos de gobierno polémicos como Pakistán (87% de los votos), Rusia (82%) y China (72%).
El gobierno de Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2018 por considerarlo un organismo “hipócrita y egoísta”, y ha denunciado reiteradamente la presencia de regímenes totalitarios en esa instancia de las Naciones Unidas.
Asimismo, el subsecretario de Estado adjunto de EE.UU. para América Latina, John Piechowski, calificó de “aberrante” la candidatura de Cuba para ocupar un escaño en el Consejo. “Está muy claro que el régimen cubano sigue reprimiendo al pueblo cubano y a la vez está claro también que el régimen cubano ayuda a Maduro y a sus servicios de seguridad. Un régimen como el cubano no debe de tener ninguna habilidad de sentarse en el Consejo de Derechos Humanos”, dijo el funcionario estadounidense.
“Cuba se conduce en el Consejo de Derechos Humanos con voz propia y constructiva, con su experiencia de país en desarrollo defensor del diálogo y la cooperación, contrario a los enfoques punitivos y la selectividad, en favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”, defendió, por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual modo, consideró la elección como uno “de los avances significativos que las cubanas y cubanos han alcanzado en el disfrute de todos sus derechos y al amplio historial del país en materia de cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, demostrando, a través de hecho concretos, su inequívoca disposición al diálogo respetuoso, franco y abierto”.
En los últimos días, el régimen cubano hostigó y detuvo de manera arbitraria a decenas de activistas, artistas e intelectuales que pretendían llevar a cabo una protesta pacífica el 10 de octubre, contra el acoso policial y político en el país.
Archivado en: