La transición hacia la democracia en Cuba que menor costo social tendría para los ciudadanos sería la pactada entre la élite gobernante y la oposición, que implique la renuncia mutua a la pretensión de aniquilar al adversario y el sacrificio de posturas maximalistas en beneficio del acuerdo e interés general de la nación.
La solución de Cuba no está en el mantenimiento del sistema actual, ni en el error de no tener en cuenta la opinión e intereses políticos de los actuales gobernantes, aun cuando están sometidos a un notable desgaste y carencia de legitimidad popular.
Paradójicamente, a pesar de la clara decadencia del sistema actual, con cada día más personas hastiadas que quieren abandonar el barco físico o emocional, quienes controlan el poder no parecen decantarse por un entendimiento con los reclamos de la oposición y la mayoría de los cubanos.
El gobierno cubano, además de seguir con su dinámica inmovilista, ha aumentado los niveles represivos, ensañándose más con activistas pacíficos, como sucedió recientemente con un grupo de jóvenes artistas y comunicadores y con ciudadanos de a pie que se buscan la vida con un pequeño negocio o con un simple cambalache, típico de la cultura de la pobreza impuesta a la nación.
La última encuesta sobre los derechos sociales en Cuba realizada por el OCDH y que será presentada próximamente, revela que el 45% de los hogares tienen que vivir con menos de 40 dólares al mes. Las personas que viven en estas viviendas se encuentran en pobreza extrema, según los indicadores internacionales. Tampoco las familias de franjas subsiguientes están como para festejar.
Comer y conseguir medicinas es otro reto cotidiano para la mayoría de los cubanos, con la gravedad de que el 11% de los hogares se encuentran en peligro de derrumbe.
En los últimos actos de repudio, resaltan las caras de pobres y hambrientos ancianos que tienen que sobrevivir con una pensión que equivale a 13 dólares en los mejores casos y que deberían estar en sus casas protegiéndose del coronavirus. Parecen más bien actos de auto repudio que algaradas totalitarias y callejeras contra quienes disienten.
Un 15% de los cubanos se mantendría aún fiel al hegemónico, y con carácter de único, Partido Comunista, según datos de diversas encuestas realizadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estos son, por ejemplo, quienes creen que la solución a la situación que agobia a los cubanos se encuentra en “construir una sociedad verdaderamente revolucionaria y comunista” o en “mantener intacto el ejemplo y la influencia de Fidel Castro en nuestros dirigentes” y que se oponen a que Cuba tenga “un sistema democrático y de mercado libre”.
Aunque algunos de sus críticos -quizás siempre esperando victorias absolutas-, digan que el apoyo real es mucho menor, hay dos cosas evidentes: En primer lugar, la pérdida de legitimidad popular del régimen que siempre presumió de apoyos contundentes, incluso unánimes, y en segundo lugar, el claro desbalance en la representación y ejercicio del poder en Cuba. Las estructuras actuales no reflejan la pluralidad de la sociedad cubana.
Aunque parezca una contradicción, a pesar de la crisis de legitimidad del régimen y del fracaso del sistema socialista, Cuba no es un estado fallido y el gobierno controla la mayoría de los resortes del poder. Todos estos factores confluyen en una situación ideal para comenzar la transición pactada con los cubanos que piensan diferente a los actuales gobernantes.
Provocar o apostar por el caos y el colapso del estado, sea desde el propio gobierno o desde la oposición, sería un error político, que pierde de vista el sufrimiento que causaría en los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables; y sin la garantía de que pudiéramos avanzar al futuro con una Cuba mejor.
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