Las autoridades cubanas tienen previsto que el próximo año comience la implementación en la capital de un sistema de alquiler de bicicletas públicas, concebido para fomentar el uso de ese medio de transporte no contaminante.
Zunilda Parras Arias, directora general del Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (Cimab) -una de las entidades que acompañan el proyecto- informó a la Agencia Cubana de Noticias que ya se realizó el estudio de factibilidad para el alquiler de los equipos y actualmente se encuentran en proceso de licitación del sistema de gestión.
En un principio, el proyecto que empezará a nivel piloto, no abarcará toda la ciudad. Habrá una estación urbana, ubicada en el reparto Fontanar, en el municipio de Boyeros, y otras seis cicloestaciones en zonas cercanas a la Universidad Tecnológica de La Habana y el reparto Río Verde.
Como parte de la estrategia destinada a fomentar el uso de las bicicletas, se implementarán otras medidas como la instalación de cámaras de vigilancia y la habilitación de ciclocarriles.
El análisis de la movilidad en La Habana mostró que, al término de la ejecución del proyecto en 2022, con el alquiler de ese medio de transporte no motorizado se podrían realizar más de 227 000 viajes diarios.
Claritza Cárdenas de la Vega, directora de la división pasajeros y vialidad de Cimab, explicó que han analizado experiencias de países como Argentina, España, México, Holanda y Dinamarca, y que sirvió como antecedente el programa Ha'Bici, de la Oficina del Historiador de La Habana, en funcionamiento desde hace dos años.
La posible demanda del sistema de alquiler, refirió, será para distancias promedio de tres kilómetros y medio y por motivos de trabajo y estudio, principalmente.
Las bicicletas a utilizar serán ensamblados por la empresa Minerva, de Villa Clara, a partir de un diseño específico elaborado por el Cimab, considerando las características de la población cubana.
El sistema de bicicletas públicas es una de las aristas de Neomovilidad, un abarcador proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y liderado por la Dirección General de Transporte de La Habana.
La Habana confronta desde hace años crónicos problemas con el transporte público, a pesar de que las autoridades han prometido en numerosas ocasiones que el servicio mejorará.
El año pasado la crisis se agudizó por la escasez de combustible en la isla.
Hace al menos dos años que también han fracasado los intentos gubernamentales de regular los taxis ruteros o ponerlos a competir con microbuses que deben circular en rutas fijas.
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