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Un reportaje en The New York Times ha vuelto a llamar la atención sobre la cárcel de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, al este de Cuba, que esa publicación califica de "dolor de cabeza" para el presidente recién electo, el demócrata Joe Biden.
En enero de 2002, Washington inauguró este centro de internamiento para sospechosos de terrorismo dentro de ese enclave militar, ubicado en territorio cubano.
La atención de la opinión pública sobre la penitenciaría, en la que siguen detenidos 40 hombres, ha disminuido después que el presidente Barack Obama (2009-2017) no consiguiera cerrarla.
Según la agencia noticiosa Associated Press, quienes presionan por su cierre creen que ahora puede haber una nueva oportunidad, y que el gobierno de Biden encontrará una manera de enjuiciar a aquellos terroristas que pueden ser procesados.
De esa forma, señala la fuente, es posible que el demócrata consiga finalmente clausurar este centro de detención que cuesta más de 445 millones de dólares al año a los contribuyentes.
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El reportaje del Times detalla las malas condiciones de la prisión y asegura que este verano y otoño las aguas residuales anegaron las celdas donde los militares mantienen encarcelado a varios “detenidos de alto valor” de Al Qaeda desde hace más de diez años.
"La luz iba y venía. Los inodoros se desbordaban. El agua salía hirviendo de repente. Las puertas de las celdas se atascaban", cuenta el diario norteamericano.
Las descripciones encajaban con relatos previos de militares sobre la deficiente infraestructura en el centro de detención de máxima seguridad dentro del complejo penitenciario, llamado Campamento Siete, que alberga a los 14 detenidos que estuvieron en los centros clandestinos de detención de la Agencia Central de Inteligencia y que fueron trasladados a la base en 2006.
El gobierno entrante de Biden aún no ha revelado planes para Guantánamo, aunque no se espera que el demócrata repita la llamativa promesa --a fin de cuentas incumplida-- que hizo Obama hizo en 2009 de cerrar la prisión al cabo de un año.
Una ley prohíbe que se trasladen detenidos a un centro de detención nacional, como Obama había propuesto hacer, y Biden declaró durante su campaña que se requiere la aprobación del Congreso para cerrar Guantánamo.
Sin embargo, el nuevo gobierno se verá obligado a enfrentar varias decisiones difíciles, por ejemplo, qué hacer con el edificio que alberga a los 14 presos detenidos por la CIA, actualmente al borde del colapso.
“El Campamento Siete está en malas condiciones, cada vez se ve peor”, reconoció al Times el general de brigada John G. Baker del Cuerpo de Marines, abogado de las comisiones militares.
“Se han realizado labores de mantenimiento que no parecen reparar las deficiencias”, dijo, al transmitir la descripción que dio un prisionero a quien se rehusó a identificar. “Los muros están agrietados. La luz atraviesa las paredes entre las celdas. El suelo está resquebrajado. El agua fluye de manera intermitente y está muy caliente”.
Una de las soluciones que se están considerando, según personas enteradas de las deliberaciones internas, es cerrar el Campamento Siete, trasladar a los exprisioneros de la CIA al complejo penitenciario principal y seguir aislándolos en una unidad especial de alojamiento, donde no podrían comunicarse con otros reos de menor nivel.
La concentración de 40 detenidos en un mismo sitio les permitiría a los militares reducir la fuerza de 1500 miembros del Ejército de Estados Unidos que son desplegados en misiones de nueve meses para custodiarlos. Una menor cantidad de soldados supondría un ahorro en los costos de operación, que se han estimado en 13 millones de dólares por prisionero al año, 150 veces más de lo que pagan los contribuyentes por cada recluso por terrorismo interno.
No obstante, trasladar a los detenidos requeriría la aprobación de la CIA, que tiene voz y voto respecto de las operaciones en el Campamento Siete gracias a un memorando de entendimiento firmado en 2006 por Donald Rumsfeld y Michael Hayden, el secretario de Defensa y el director de la CIA en aquel entonces.
La influencia de la CIA en el Campamento Siete le ha permitido controlar el flujo de información sobre los prisioneros y la que ellos comparten --sus recuerdos de tortura en los centros clandestinos de detención, dónde estuvieron detenidos y por quién-- mediante medidas de segregación, vigilancia y una unidad especialmente capacitada de guardias llamada Task Force Platinum (Comando Platino).
En 2017, el Congreso financió un nuevo cuartel residencial de 124 millones de dólares para alrededor de 850 guardias penitenciarios, pero ha rechazado en varias ocasiones una petición de destinar 88,5 millones de dólares a una “prisión para detenidos de alto valor” con capacidad para cuidados paliativos.
El almirante Craig S. Faller, que supervisa la prisión en Guantánamo como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha descrito la combinación de prisioneros como parte de un enfoque de “reestructuración” del despliegue de soldados en el centro de detención, aunque se ha rehusado a dar más detalles al respecto.
Al nuevo gobierno demócrata le esperan varias otras cuestiones normativas, entre ellas, cuándo reanudará el Departamento de Estado las negociaciones para encontrar instalaciones seguras para los detenidos cuyo traslado a otros países ha sido aprobado, y si se retomará la propuesta de Obama de designar a un comisionado especial para que se haga cargo de esta tarea.
De los 40 presos que ahora se encuentran en Guantánamo, nueve han sido acusados o declarados culpables de crímenes de guerra, para seis de ellos se han recomendado traslados con condiciones de seguridad en el país receptor, y el resto sigue cumpliendo una sentencia indefinida, sin cargos, aunque son considerados demasiado peligrosos para ser liberados.
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