Cuba: ¿dineros o derechos?

El discurso oficial del Gobierno cubano -en sintonía con aliados como el ruso y el chino- insiste en que solo aquellas causas y organizaciones sociales que responden a sus directrices son legítimas. Que no puede existir protagonismo civil al margen de las metas autorizadas por el Estado. Y que cualquier intento autónomo de incidir en la agenda pública, en especial aquellos que reciben algún apoyo externo, es simple y llanamente mercenarismo. Obra subversiva de marionetas al servicio de potencias extranjeras.

Beijing, la Habana o Moscú repiten hasta el cansancio que cuando ciudadanos reciben algún recurso (monetario, tecnológico, de solidaridad) desde el exterior, su proceder es ilegítimo. Justificativo de represión. Pero, insisten a renglón seguido, que no hay problemas en defender ideas distintas, que a nadie se le discrimina por eso. Que el problema es, simplemente, el dinero. El cual tendría la mágica capacidad, junto a las redes sociales, de zombificar personas. La gente, piensan los funcionarios cubanos, solo se mueven por dinero o órdenes ajenas. Un típico ejemplo de lo que los psicólogos llaman “proyección”; atribuyendo a otros las razones y procederes propios.

Si recibir dinero de entidades públicas o privadas de otro país fuese negativo, en Cuba habría mucha gente en problema. Para empezar, en un país que vive del dinero que no produce, millones de “revolucionarios” reciben remesas de sus familiares “gusanos”. Pero, en lo relativo a los fondos extranjeros presupuestados para apoyar acciones en otros países, Cuba también los recibe. Los reciben instituciones y funcionarios oficiales, en diversos niveles. ¿Son por ello mercenarios? ¿El dinero no los contamina?

Explórese la larga lista de entidades académicas de la isla que reciben dinero de gobiernos extranjeros; gobiernos que son críticos del cubano. Cuyos sistemas políticos son diferentes al socialismo de estado insular y que todos los años hacen críticas, en diversos foros internacionales, a la Habana.

Toda la cooperación internacional europea, por ejemplo, estaría en la picota. Otorga cada año millones de euros, etiquetados incluso bajo el rubro “Derechos Humanos” o “reforma del Estado” a organizaciones sociales, gobiernos municipales e instituciones del nivel central. El dinero fluyó desde el Viejo Continente a contrapartes oficiales cubanas incluso cuando las autoridades de la Unión Europea aprobaron la Posición Común. Esa que condicionaba el restablecimiento de relaciones plenas a cambios democráticos en la isla.

El Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por Mariela Castro, entre otras entidades, ha recibido fondos de contrapartes norteamericanas. La Escuela Internacional de Posgrado “Géneros, sexualidades y derechos”, realizada en el marco del homenaje del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) por los 60 años de la Revolución cubana, fue apoyada por la Fundación Ford en 2019. El Proyecto de Historia Oral Cubana, también a cargo del CENESEX, fue financiado conjuntamente por la misma Fundación Ford y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). Otras fuentes de financiamiento occidentales de este proyecto fueron la Academia Británica, el Consejo para las investigaciones en los artes y las humanidades (AHRC), el Fondo Leverhulme, y el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, de Harvard University.

Los Pastores por la Paz, Open Society y la Fundación Cristopher Reynolds por solo mencionar tres entidades radicadas en EUA, han canalizado diversos apoyos, materiales y monetarios, a sus contrapartes oficiales. Pero fondos y lazos similares han servido para criminalizar, desde hace tiempo y hasta la fecha, a otros cubanos. Para desacreditarlos mediáticamente y, en ciertos casos, ponerlos tras las rejas. Todo por la decisión política de las autoridades cubanas. Las mismas que tampoco permiten fuentes domésticas -públicas o privadas- de financiamiento a la organización ciudadana. Revise usted si existe marco legal para tal menester y si puede recoger fondos en la calle -el llamado boteo, tan común en Latinoamérica- sin ser molestado por los agentes policiales.

Por otro lado, el Estado cubano apoya organizaciones afines en otros países. Sus embajadas se relacionan, abierta y activamente, con “grupos de solidaridad con Cuba” que operan libremente en aquellas naciones. Organizaciones estas que, incluso, critican la agenda de sus propios gobiernos, cuando estos cuestionan a la Habana por su desempeño en Derechos Humanos u otros asuntos. Pero esos gobiernos democráticos no consideran punible lo que hacen esos grupos o las propias embajadas cubanas. No ilegalizan a los primeros, ni impiden el trabajo de las segundas.

La realidad de fondo, detrás de tan diferente proceder, remite a las diferencias que las autocracias y las democracias dispensan a sus ciudadanos. En las primeras, el poder fusiona estado, gobierno y partido, exigiendo lealtad absoluta a una camarilla o figura perpetuada en el poder. En las segundas, los poderes se contrapesan, la sociedad vigila al poder y los ciudadanos ejercen la crítica al gobernante de turno. Nada de eso es posible de hacer, legalmente y sin riesgo, en Cuba. El problema no es entonces la procedencia del dinero. Tampoco el rol “subversivo” de las organizaciones y ciudadanos críticos. Lo es la naturaleza autoritaria del gobierno cubano, sus pretextos falaces y sus dobles raseros.