Santiagueros culpan al gobierno por los precios de los motoristas

La tirantez entre estado y cuentapropistas dedicados a la transportación en Santiago de Cuba es historia antigua.

Motoristas en Santiago de Cuba (Imagen de archivo) © CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez
Motoristas en Santiago de Cuba (Imagen de archivo) Foto © CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

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Este artículo es de hace 3 años

Santiagueros señalaron al gobierno, a través de las redes sociales, como responsable de los altos precios de los motoristas particulares, una de las más socorridas alternativas en la urbe oriental cubana para trasladarse.

En una reciente publicación de la página El Chago Santiago de Cuba sobre las actuales tarifas de los motoristas, internautas responsabilizaron a las autoridades cubanas de los altos costos que implica mantener esta forma popular de transportación privada en la suroriental urbe de la isla.


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Cuestionaron, además, la falta de opciones estatales donde comprar los repuestos que se necesitan para mantener un motor en circulación, y se quejaron de la ausencia de opciones de calidad de transportación pública. En ambos puntos, la mayoría de los cibernautas ubican el alza de precios de las mototaxis en la ciudad de Santiago de Cuba.

Un usuario llamado Roberto Carlos Galano aseguró que “solo la gasolina no es el gasto de un motor. Las piezas están por las nubes y cuando vas a un mecánico hay que pagar caro porque ese mecánico también tiene que pagarlo todo caro. Antes abrir una unidad de un motor te costaba 20 CUC y hasta menos. Ahora cuesta 50 CUC y más…”

Otro, llamado José A Sague, opinó que “(…) una goma está costando hoy 5000 CUP, 1 LT de aceite Castrol está costando 125 CUP (…) Yo pregunto por qué no hay en las tiendas ningún repuesto, piezas, gomas para los motores. Por el bloqueo, mentira, entonces hay que resolver como se pueda”.

Osmany Argote comentó que “(…) en este país todo ha triplicado su valor y hasta más (…) si esperas un transporte público te deja lejísimo de tu destino y ni hablar del tiempo que vas a tener que esperar por dicho transporte y la incomodidad dentro del mismo por estar abarrotado de personas (…)”.

“La culpa es de un gobierno que promete prosperidad, y nada más lejos. (…) Todos sabemos quiénes son los culpables (…)”, opinó el usuario llamado Norbert Said Martínez Machado. En similar línea se manifestó Moraima Betancourt Revilla al decir que “el gobierno pasó el problema del transporte público al particular. Se ha desentendido de las necesidades de movilidad de una población que vive en la calle y muchos a pie. Esa es una realidad y, por otro lado, la subida de los precios del “ordena y miento” monetario han puesto a un nivel de desprotección total al pueblo que ahora tendrá que sufrir el alza de todos los precios a todo lo que necesita para vivir y resolver su día a día”.

La tirantez entre estado y cuentapropistas dedicados a la transportación en Santiago de Cuba es, sin embargo, historia antigua.

El gobierno ha intentado en varias ocasiones controlar los precios que imponen los privados, que mueven un por ciento significativo de usuarios cada día, medida a la que estos han respondido en no pocas ocasiones con huelgas. Los motoristas se quejan repetidamente de los pocos recursos que pone en sus manos el estado, del desabastecimiento de las tiendas destinadas a este fin, del mal estado de las vías, entre otros escollos que dificultan su quehacer diario y el progreso de su trabajo.

Recientemente el gobierno de Santiago de Cuba, en un intento de controlar a los motoristas, adoptó una serie de medidas como otorgar un mínimo de 80 litros de combustibles y un máximo de 160, a precio diferenciado, además de acumular tiempo de trabajo y asegurar remuneración por concepto de jubilación o enfermedad, pagar 250 pesos de cuota mínima mensual, y estar exonerados del pago anual de impuestos sobre los ingresos.

Sin embargo, la mayoría de los motoristas han rehusado acogerse a ellas pues, según alegan, mantener en circulación un equipo requiere mucho más que el acceso a la gasolina a precios más bajos, y el gobierno no les garantiza la satisfacción de esas otras necesidades.

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