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Once decomisos a trabajadores privados por supuestas irregularidades en su actividad laboral han sido realizados en la provincia de Villa Clara en lo que va de año, según cifras oficiales.
Las confiscaciones de mercancías son parte de una arremetida de las autoridades que inició el día 1 de enero con la puesta en marcha del llamado “ordenamiento” económico impuesto por el gobierno, el cual contempla una serie de reformas, entre ellas, el fin de la dualidad monetaria en el país.
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Como parte de esa ofensiva administrativa, en la provincia central se han realizado, además de los 11 decomisos, 67 ventas forzosas de mercancías al precio establecido por el Consejo de Gobierno.
Hasta este viernes, el Ministerio del Interior había procesado 17 casos de infracciones, tipificadas como actividad económica ilícita, apropiación indebida y propagación de epidemias.
Como consecuencia, se han retirado 40 licencias a trabajadores por cuenta propia (TCP), entre ellos, 21 que ejercían servicios de gastronomía y 11 vendedores ambulantes de productos del agro (carretilleros).
También hasta el viernes, en el territorio se habían concluido 2 339 inspecciones, imponiéndose 2 551 multas; de ellas, 1 129 cuya causa han sido las violaciones de precios y tarifas, con una cuantía total de 609 978 pesos, indica el periódico oficialista Vanguardia.
Según el diario, en ese lapso se detectaron 110 ilegales ejerciendo el oficio de carretilleros o vendedores de productos agropecuarios; todos con precios adulterados y muy por encima de los establecidos por el Consejo de Gobierno.
Durante las inspecciones, además, se identificaron 58 casos de mercancías ocultas en instituciones estatales, donde el modus operandi utilizado ha sido esconderlas debajo del mostrador, en neveras y almacenes.
Por otro lado, se registraron 81 casos en que los instrumentos de medición no han estado aptos o certificados.
Con las nuevas regulaciones, ha aumentado el asedio a los trabajadores del sector privado, entre ellos, los carretilleros que, en muchos casos, venden productos que los mercados estatales no son capaces de proveer a la población.
Este mes, en que inició el “ordenamiento”, las autoridades cubanas han retirado más de 600 licencias y realizado 750 decomisos a trabajadores privados en el país.
Asimismo, los precios topados por el gobierno han ocasionado que varios de los agromercados comenzaran el año sin oferta, con las tarimas vacías, tal como sucedió con los populares establecimientos de 19 y B y de 19 y 42, en La Habana.
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