Animalistas cubanos reaccionaron al nuevo Decreto Ley del gobierno que penaliza el ejercicio particular de la Veterinaria, y lo consideraron un duro golpe para el futuro de los animales en Cuba.
Se refieren al decreto ley 20/2020 publicado en la Gaceta de Cuba el pasado 29 de enero, y que en su Artículo 5 considera la práctica privada de los médicos veterinarios como una contravención, la cual será sancionada con multas de entre 500 y 3 500 pesos.
Además de las mencionadas multas, contempla el decomiso de animales y productos, la retención, desactivación o reembarque y el retiro de la Licencia Sanitaria Veterinaria.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, la protectora y escritora habanera Verónica Vega afirma que esta medida es un mecanismo de control del gobierno sobre el movimiento, lo cual pone en peligro el futuro de los animales en Cuba.
Se trata de lo mismo que hicieron con los artistas en 2018 a través del Decreto 349, con el cual se trató de anular todo tipo de independencia y de aumentar el control en el arte. Ahora vienen contra los animalistas, advirtió Vega.
Comentó que "aplastar el ejercicio veterinario independiente implica que no se puedan hacer más las campañas de esterilización que realizábamos los protectores y médicos veterinarios, que aunque tenían cierta dosis de clandestinidad, no eran ilegales. Ahora lo son", afirmó.
"Los veterinarios estarían arriesgando sus títulos o ser gravados con altas multas. Es un golpe tremendo a la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, frente a la abulia de los organismos del Gobierno y la inestabilidad e insuficiencia de las clínicas estatales, carentes de todo tipo de recursos como vacunas, medicamentos o pruebas de diagnósticos", explicó la protectora.
A su juicio, el gobierno también arremeterá contra los refugios, usando el argumento del financiamiento, el cual generalmente viene del extranjero, de personas y entidades simpatizantes de la causa de los animales, aseveró.
No hay futuro para los animales en Cuba, porque el Estado no tiene refugios, no tiene otra opción que no sea el exterminio, ni siquiera la eutanasia, sino la muerte por estricnina que es extremadamente dolorosa, denunció Vega.
Para Leidy Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, las reuniones con el gobierno cubano sobre la defensa de los animales solo sirvieron para "ganar tiempo (el régimen) y calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista".
"Esta norma va a perjudicamos a nosotros, a la vez que ataca directamente a los veterinarios que hacen su labor por cuentapropia, que son a los que podemos acudir, los animalistas y el pueblo en general, porque las clínicas veterinarias estatales están desprovistas", señaló.
Asimismo, dijo que no confía en la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, y afirma que es probable la usen como mecanismo represivo.
"Tengo entendido que las peleas de gallos no van a estar contenidas, ya se sabe la historia de directivos cubanos que poseen vallas con ese fin", subrayó Hernández.
Javier Larrea Formoso, estudiante de la Universidad Central Marta Abreu y fundador del grupo Bienestar Animal Cuba, publicó una petición de recogida de firmas a través de la plataforma online SOSVox, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice el decreto, informó Radio Martí.
El Decreto 20/2020 Contravenciones de la Medicina Veterinaria que acaba de publicar la Gaceta de la República de Cuba (...) afecta tremendamente a los animales de compañía y privados, que no pertenecen a empresas e instituciones estatales, y a sus dueños.
"En primer lugar, porque el sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad. No cuenta con suficientes consultorios, con vacunas, medicamentos ni medios diagnósticos, además de carecer de otros muchos recursos esenciales. Debido a ello, entre otras cosas, muchos dueños de animales buscan los servicios veterinarios privados pues, generalmente, estos cuentan con los recursos necesarios para devolver la salud al animal", afirma la solicitud.
"A veces los propios veterinarios de los consultorios estatales adquieren medicamentos por su cuenta para poder dar alguna clase de servicio a los pacientes o para venderlos a quien los necesite a un precio equivalente al fijado por el Estado en las tiendas de productos para mascotas (hasta hace poco en CUC). Tal es la carencia de recursos", detalla la publicación.
Expresa que los protectores que han sido invitados por el MINAGRI para escuchar sus criterios con relación al próximo Decreto-Ley de Bienestar Animal, le han pedido que permita la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al deficiente sistema estatal.
"Estas cooperativas podrían funcionar como cualquier otra: pagarían impuestos, alquilarían locales al Estado, estarían autorizadas por este para importar medicamentos, vacunas y medios diagnósticos, etc., y funcionarían, en suma, bajo los reglamentos que determine el Ministerio de la Agricultura o la institución que corresponda, lo cual resolvería un inmenso y creciente problema que el Estado no está en condiciones de resolver", sostiene el texto.
Para Vega, el decreto Ley 20/2020 da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas al gobierno cubano, y demuestra que todo aquel que pida ser escuchado por el régimen está siendo ingenuo.
"Cuando los animalistas comenzaron a juntarse y hacer peticiones al gobierno, no tenían conciencia de lo que significa aquí contrariar la política estatal. Había una gran dosis de ingenuidad todavía, como sucedió, hace poco, con personas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura exigiendo un diálogo", alegó.
"El diálogo no está mal que ocurra, pero debería ser con el sentido de demostrar que es inútil, porque ya el gobierno ha demostrado, demasiadas veces, que no le interesa dialogar, que no quiere efectuar cambios", reiteró.
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