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La escritora y animalista cubana Verónica Vega denunció este domingo que el gobierno cerró la principal clínica veterinaria estatal de La Habana, Carlos III, después de aprobar un decreto Ley que prohíbe a los médicos dar consultas privadas.
En su perfil de Facebook la activista expresó que aunque la clínica cerró como parte de la campaña de prevención del COVID-19, esa medida, junto a la firma del decreto que criminaliza el ejercicio de la Veterinaria por cuenta propia, significa “una emboscada para l@s animalistas y una sentencia de muerte para los animalitos”.
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Vega también denunció el envenenamiento de los perros del protector villaclareño y presidente del proyecto Bienestar Animal Cuba (BAC), Javier Larrea, cuyo testimonio de los hechos consternó el sábado a miles de cubanos.
Por último, lanzó una pregunta que muchos se han hecho desde el sábado, cuando la violencia contra uno de los protectores de animales más importantes del país se manifestó de forma despiadada con el envenenamiento de sus perros de compañía: “Una nube de tormenta se cierne sobre Cuba, pero la pregunta crucial es ¿qué nos falta para acabar de unirnos y producir un cambio? ¿O es que preferimos seguir en el infierno?”.
“Desde que me levanté hoy, he caído en un vértigo de malas noticias. La penúltima fue que la clínica veterinaria estatal de Carlos III, en Centro Habana, cerró por el Covid, (justo después que se aprobara un decreto que criminaliza el ejercicio de la medicina veterinaria por cuenta propia), o sea, es una emboscada para l@s animalistas y una sentencia de muerte para los animalitos. Pero como si la maldad estuviera empeñada en brillar, en destacarse, me entero de que envenenaron a varios perros de Javier Larrea, activista por los derechos animales”, expresó en su post.
El pasado 29 de enero el gobierno cubano publicó el Decreto Ley 20/2020, que en su Artículo 5 considera la práctica privada de los médicos veterinarios como una contravención sancionable con multas de entre 500 y 3 500 pesos.
La medida constituye un duro golpe para el futuro de los animales en Cuba y para el movimiento animalista en general, que depende de este servicio para las campañas de esterilización y para la atención de perros y gatos rescatados en deplorables condiciones.
A juicio de Vega, ese decreto es un mecanismo de control del gobierno sobre el movimiento, como mismo hicieron con los artistas en 2018 a través del Decreto 349, con el cual se trató de anular todo tipo de independencia y de aumentar el control sobre el arte.
Esta escritora cubana consideró que “aplastar el ejercicio veterinario independiente implica que no se puedan hacer más las campañas de esterilización que realizábamos los protectores y médicos veterinarios, que aunque tenían cierta dosis de clandestinidad, no eran ilegales”.
“Los veterinarios estarían arriesgando sus títulos o ser gravados con altas multas. Es un golpe tremendo a la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, frente a la abulia de los organismos del Gobierno y la inestabilidad e insuficiencia de las clínicas estatales, carentes de todo tipo de recursos como vacunas, medicamentos o pruebas de diagnósticos”, explicó la protectora.
Javier Larrea, quien impulsa una campaña de recolección de firmas para que el Ministerio de la Agricultura de Cuba anule el decreto, no ha recibido respuesta a sus reclamos sobre el tema y en cambio fue castigado ayer con el envenenamiento de sus perros en Santa Clara.
"¡En esta ciudad llevan días envenenado animales! ¡Tienen que pagar por esto, estoy cansado ya!", dijo el joven a través de un video en el que no podía controlar el llanto.
El movimiento animalista cubano, que se ha mantenido al margen del activismo político que llevan artistas y periodistas independientes en la isla, parece correr la misma suerte que esos jóvenes, que están siendo atacados con toda la violencia del Estado.
A juicio de Vega, el gobierno también arremeterá contra los refugios, usando el argumento del financiamiento, el cual generalmente viene del extranjero, de personas y entidades simpatizantes de la causa de los animales, como mismo han hecho en televisión nacional contra los activistas que se oponen al régimen.
A raíz del 20/2020 un grupo de médicos veterinarios cubanos emitieron una declaración en la que señalan que "el decreto ha generado una gran preocupación social, especialmente entre las familias cubanas que cuentan, entre sus miembros, con animales afectivos”.
Según el texto, la experiencia ha demostrado que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para brindar servicios veterinarios de calidad ni está en condiciones de satisfacer todos los que la población cubana demanda.
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