WASHINGTON, 8 feb (Reuters) - En la víspera de su juicio político por un cargo de incitación un ataque del 6 de enero al Congreso de Estados Unidos, los abogados de Donald Trump negaron este lunes que el expresidente haya alentado la violencia, arremetieron contra los demócratas y volvieron a cuestionar la constitucionalidad del proceso.
La defensa considera el juicio político un "teatro" partidista e inconstitucional. "El Senado debe rechazar de forma sumaria este acto político descarado (...) Ceder al hambre de los demócratas por este teatro político es un peligro para nuestra república", afirmaron los abogados del expresidente, Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen en un largo documento de 78 páginas dado a conocer hoy.
El equipo de la defensa, que busca convencer a los miembros del Senado de 100 escaños para que no condenen al empresario republicano convertido en político o que le impidan volver a ejercer un cargo público, dejó claro en un escrito previo al juicio que no cederán terreno en el inédito segundo proceso de destitución.
El juicio, dijeron, es un "acto político descarado" de los demócratas, que pretendía "silenciar a un oponente político y a un partido minoritario".
La acusación de "incitación a la insurrección" aprobada el 13 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, se centró en el discurso de Trump a una multitud de seguidores poco antes de que muchos de ellos asaltaran el Capitolio, haciendo que los legisladores se escondieran y dejando cinco muertos, entre ellos un agente de policía.
Trump hablaba en un "sentido figurado", sostuvieron sus abogados, cuando dijo a sus seguidores que fueran al Capitolio y "lucharan como locos", mientras el Congreso certificaba formalmente la victoria del demócrata Joe Biden el 3 de noviembre. El uso de Trump de la palabra "lucha", señaló la defensa, "no podía interpretarse como un estímulo a los actos de violencia".
"En su discurso estuvo notablemente ausente cualquier referencia o estímulo a una insurrección, un disturbio, una acción criminal o cualquier acto de violencia física", escribieron los abogados defensores.
Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen dijeron que la Constitución "no prevé la impugnación de un ciudadano privado que no está en el cargo". El mandato de cuatro años de Trump terminó el 20 de enero.
Mientras tanto, las falsas afirmaciones de Trump sobre unas elecciones robadas y su discurso antes de los disturbios han dejado fisuras en su partido. Diez republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de su destitución.
Los nueve legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales esperan persuadir a los miembros del Senado para que condenen a Trump y le impidan volver a ocupar un cargo público.
Un intento fallido el mes pasado para desestimar el caso contra Trump sobre la base de que sería inconstitucional celebrar un juicio posterior a la presidencia obtuvo el apoyo de 45 de los 50 senadores republicanos.
Los fiscales de la Cámara rechazaron ese argumento en su escrito presentado al Senado la semana pasada.
Abogaron por la condena de Trump para proteger la democracia y la seguridad nacional de Estados Unidos y disuadir a cualquier futuro presidente que pueda considerar provocar violencia para hacerse con el poder. Según indicaron, Trump tenía una "responsabilidad singular" por el ataque al Capitolio.
Para lograr una condena, 17 republicanos tendrían que unirse a los 50 demócratas del Senado en la votación, un obstáculo abrumador en la cámara de 100 escaños.
(Escrito por Will Dunham; editado en español por Carlos Serrano)
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