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El gobierno cubano trafica con personas alquilando personal sanitario a terceros países, a través de convenios bilaterales opacos, que se ejecutan con la complicidad de gobiernos extranjeros y en condiciones de servidumbre y explotación laboral, con notables ganancias para La Habana, según un informe de la organización Archivo Cuba.
El detallado reporte de Archivo Cuba, obtenido por CiberCuba, fue elaborado en colaboración con la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, fruto de acuerdo entre ambas instituciones para investigar sobre la salud pública cubana y los contratos que amparan la presencia de médicos cubanos, enviados por La Habana, a América Latina y el Caribe.
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El documento fue entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de la fundamentación necesaria para mantener a Cuba entre las naciones vinculadas al tráfico de personas a nivel internacional.
Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación del tráfico de mano de obra y fomenta activamente la expansión de su gigantesco negocio estatal que se beneficia generosamente de la explotación de sus ciudadanos en docenas de países en complicidad con gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones privadas con sede en muchos países, asegura Archivo Cuba, que investiga tales prácticas desde 2009.
La naturaleza totalitaria del estado policial cubano priva sistemáticamente a todos los trabajadores de derechos y protecciones legales, recursos judiciales y responsabilidad ante la sociedad civil porque en Cuba no hay derechos individuales o colectivos para ningún ciudadano cubano porque todos los "derechos" están condicionados y subordinados al artículo 5 de la Constitución, que estipula que el Partido Comunista es la fuerza superior y dominante de la sociedad y del Estado y que la construcción del socialismo y el camino hacia la sociedad comunista son sus únicos objetivos permitidos, recuerda Archivo Cuba en su informe al Departamento de Estado norteamericano.
Los contratos de trabajo que impone el gobierno cubano a médicos, enfermeras y demás personal sanitario enviados a terceros países, establecen la apropiación estatal del 75% de sus salarios e incumplen los criterios sobre trabajo forzado de Estados Unidos, o "tráfico de mano de obra", en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPA), reitera Archivo Cuba, que desglosa cantidades y métodos de pago.
"Los abusos generalizados que se han denunciado históricamente continúan hasta el día de hoy, ya que el gobierno cubano cree que es inmune a las consecuencias. Muchos de los trabajadores, especialmente los que están en misiones en el extranjero o han regresado a Cuba, nos dan testimonio de los abusos desenfrenados, pero tienen miedo de las represalias, por lo que no podemos proporcionar sus identidades.", recoge el informe de Archivo Cuba, que ha recopilado información sobre varios casos y mantiene una estrecha relación de trabajo con la ONG No somos desertores, que reitera años tras año sus informes sobre prácticas fraudulentas del gobierno cubano contra trabajadores del ámbito de la salud, incluidos especialistas y profesores de las facultades de Medicina.
El Estado cubano es el único empleador en el sector de la salud; los trabajadores de la salud no pueden ejercer en forma privada ni emplearse en forma independiente, subraya Archivo Cuba, cuya Directora Ejecutiva María Werlau, comentó a CiberCuba que la más reciente liberalización del trabajo privado en Cuba, mantiene prohibido el ejercicio de la medicina privada y mutualista en Cuba.
Médicos y demás personal sanitario cubanos sufren una subordinación sociopolítica que garantiza al gobierno una reserva de trabajadores cautivos mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable, destacó Werlau, que recuerda los bajos salarios que devengan, que sitúo a Cuba -hasta 2019- en el lugar más bajo en cuanto a salarios, de un total de 176 países monitoreados por organismos internacionales.
Archivo Cuba reexaminará los niveles salariales de médicos y personal sanitario cubano, tras los incrementos de sueldos de enero, pero para su informe al Departamento de Estado tuvo que valerse de las últimas estadísticas oficiales publicadas por La Habana, que datan de 2019.
El gobierno anfitrión suele firmar acuerdos bilaterales con Cuba y pagar los servicios sanitarios con fondos públicos; sin embargo, los acuerdos de triangulación han permitido -durante décadas- que muchos gobiernos y organizaciones financien los servicios sanitarios vendidos por Cuba (incluidas las exportaciones de productos médicos) a países del tercer mundo, concretamente de África y América, detalla el documento elaborado por Archivo Cuba.
Estas "colaboraciones" tripartitas se han justificado en el contexto de la cooperación Sur-Sur promovida por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y canalizada de otro modo a través del sistema de la ONU, en particular a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), precisa.
Los acuerdos incluyen todos los aspectos habituales del tráfico descrito en este informe; muchos pagan a Cuba para que envíe a sus trabajadores médicos a zonas remotas y difíciles para las que la contratación de médicos locales o extranjeros es costosa y difícil (por lo que el tráfico se justifica como "humanitario"), explica.
Entre los beneficiarios y gobiernos cómplices del ejecutivo cubano se encuentran Haití, Honduras, Burkina Faso, Chad, Malí, Honduras, Níger, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona, cita Archivo Cuba en su informe al Departamento de Estado norteamericano.
La complicidad oficial con el tráfico de personas es absoluta en todos los ámbitos gubernamentales de Cuba, donde funcionarios en todos los niveles son autores e instigadores, incluyendo el cuerpo diplomático y los servicios de inteligencia, incluida la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM), dedicada a la exportación de servicios sanitarios, la mayoría de los cuales se exportan a través de la empresa estatal Comercializadora de Servicios Médicos, S.A.
CiberCuba obtuvo un ejemplar del contrato tipo que el gobierno cubano impone a los médicos y enfermeras que alquila a diferentes países para afrontar la epidemia de coronavirus, integrados en el contingente Henry Reeve, que firma la funcioanria Aniuska Palacios Noa (nótese la incorrección ortográfica en el apartado De una parte); y que es rellenado y firmado por los contratados al dictado de funcionarios, durante reuniones en el teatro de la empresa, que exige dejar en blanco la línea que indica el salario a percibir, con la explicación de que será rellenado al regreso del trabajador alquilado, que no recibe una copia de su contrato.
Médicos y personal sanitario cubano que actualmente trabajan en diferentes países reconocieron la autenticidad del documento que publicamos, pero la Unidad de Central de Colaboración Médica, ubicada en la Carretera de la CUJAE, al sur de La Habana, no respondieron a nuestros correos electrónicos para contrastar estas informaciones.
La UCCM ofrece en su web y página de Facebook estadísticas desactualizadas sobre la presencia de médicos y personal sanitario alquilado a terceros países porque incluye a Bolivia, donde los facultativos cubanos fueron expulsados por el gobierno Añez, tras descubrir elevados costos, desproporción entre total de personal y titulados, agravios a médicos nativos y una clínica cubana que atendía a Evo Morales y su nomenklatura.
El informe de Archivo Cuba recuerda al Departamento de Estado la necesaria complicidad de gobiernos extranjeros con las prácticas fraudulentas cubanas, unos acuerdos que también centran las investigaciones y acciones de la ONG alianza Global para la Libertad (GLA, por sus siglas en Inglés), que ha investigado y denunciado los acuerdos bilaterales que han propiciado la llegada de médicos cubanos alquilados a México, Guatemala, Honduras y Uruguay, entre otros.
Jason Poblete, presidente de GLA, señaló a CiberCuba la contradicción que implican los convenios con el gobierno cubano de terceros países que, a su vez, mantienen acuerdos con Estados Unidos para combatir la trata de personas y proteger los derechos laborales.
La GLA ha conseguido avances en su trabajo, como la decisión del gobierno de Uruguay de requerir a las autoridades cubanas y verificar informes mensuales detallados de los servicios prestados en ese país; aunque testimonios de médicos cubanos que han abandonado su trabajo en el extranjero, y sobre los que pesa un destierro de ocho años, indican que, en el caso de Venezuela, eran obligados a inflar las estadísticas para que el gobierno cubano cobrara mayor cantidad de dinero en concepto de consultas y pruebas médicas.
En abril, se cumplirán dos años del secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez y Assel Herrera en Kenia, por el grupo terrorista Al Shabaab que, desde entonces, los mantiene en territorio de Somalia, sin que -hasta el momento- hayan prosperado las gestiones del gobierno cubano con Kenia y Somalia para su liberación.
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