La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba calificó el intento de desalojo y posterior acto de repudio contra la activista Anyell Valdés Cruz de “caso de violencia política de Estado con sesgo de género", y precisó que el hecho afectó los “derechos fundamentales” de tres menores de edad.
Con el título “Declaración sobre la situación de la vivienda de Anyell Valdés Cruz”, la citada plataforma publicó en sus redes sociales un análisis de los artículos de la Constitución que, a su juicio, amparan a los menores e instan a encontrar una solución alternativa que no pase por el desalojo de la vivienda, que es un local que fue ocupado por la familia hace años.
YoSíTeCreo, especializada en brindar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista, ha puesto especial énfasis en los gritos escuchados a los niños de Anyell, dos de ellos de cinco años y el otro de 10, “durante el tiempo que duró el acoso con consignas y el allanamiento”.
“A raíz de esos hechos, trascendió que la instalación donde vive la familia es un local del CDR. Constatamos con la familia que ocuparon desde hace cinco años esa instalación, entonces abandonada y llena de basuras, para escapar de una vivienda más precaria, cerca de un río, que afectaba la salud de los entonces bebés”, precisa la nota, que añade que ahora las autoridades los amenazan “con hacer cumplir una orden de desahucio”.
“Conocemos que la ocupación es una infracción de la ley”, admite YoSíteCreo, que sin embargo en este caso pide “valorar otras soluciones antes que el desalojo", pues estiman "el Estado incurriría en una serie de violaciones” en caso de convertir a tres niños en víctimas de un desalojo.
Para argumentar su posición, la plataforma feminista cubana ha remitido a los artículos 84 y 86 de la Constitución de Cuba y a la Convención sobre los Derechos del Niño, este último un tratado internacional suscrito por la isla en 1991.
En primer lugar, la plataforma esgrime que en el Capítulo V (Educación y Cultura) la Constitución cubana “defiende que la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad”, y que “la familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud”.
El artículo 86, afirma que “el Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. (...) Son protegidos contra todo tipo de violencia”.
El artículo 84, por su parte, garantiza la defensa del "derecho de los menores de edad a que sus madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de guarda y cuidado, les garanticen el cumplimiento de sus derechos, los protejan de todo tipo de violencia y contribuyan activamente al desarrollo pleno de su personalidad”.
La Convención de los Derechos de los niños, por su parte, indica en su Artículo 3, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de cualquier tipo, es una consideración primordial que se atienda primero al "interés superior del niño".
El tratado internacional que protege a la infancia añade que los Estados firmantes “se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Tras su evaluación YoSíTeCreo concluye que el hecho de que la familia resida en un local ocupado no debería suponer en este caso un desalojo, ni justifica la violencia ejercida sobre la familia.
“Responsabilizamos al Estado y las autoridades administrativas del municipio y la provincia de los daños psicólogos y la violencia a la que ha sido sometida esta familia”, concluye la plataforma, que añade que ve con preocupación la “recurrencia de intentos de desalojos” de madres solteras y de su hijos tras ocupar locales por no disponer de otras “alternativas habitacionales”.
El intento de desalojo y posterior acto de repudio contra la activista Anyell Valdés y su familia, seguido de actos vandálicos contra la vivienda han generado un amplio movimiento de repulsa en redes sociales, donde en los tres últimos días gran número de activistas, artistas y ciudadanos anónimos se han pronunciado contra el incidente.
También criticaron lo sucedido activistas como Carolina Barrero, Camila Lobón o artistas como Lynn Cruz, Alexis Valdés o Andy Vázquez.
El 22 de febrero, autoridades cubanas intentaron desalojar de su casa a Anyell Valdés, quien es una de las activistas que en noviembre permaneció acuartelada durante varios días en la sede del Movimiento San Isidro.
A pesar de no concretarte el desalojo, como parte del acto de repudio posterior, un grupo de personas irrumpieron en las inmediaciones de la vivienda y pintaron de azul la parte de la fachada donde estaba escrito "Patria y Vida" y otras consignas contrarias al gobierno cubano.
Las frases borradas con pintura fueron sustituidas por las consignas "Patria o Muerte, Venceremos" y "Viva Fidel", gestos acompañados de una foto de Fidel Castro que colocaron en la entrada de la vivienda. El acto vandálico provocó que los tres hijos de la activista lloraran desconsoladamente mientras el hecho tenía lugar.
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