En menos de un mes el Gobierno cubano ha impuesto una media de casi 3.000 multas por un valor cercano a los 300.000 pesos diarios. Es el balance de la persecución aparejada a la la política de precios topados, que afecta a productores y comerciantes estatales y privados de todo el país.
En total, desde el 29 de enero hasta el 25 de febrero han sido registradas en Cuba 2.888 sanciones por saltarse precios topados, por alterar las pesas o por la mala calidad de los productos a la venta. Esas multas equivalen a 7,8 millones de CUP (7.888.000).
Sin embargo, el Estado sólo han conseguido recaudar 1,9 millones de pesos (1.961.000) porque únicamente han sido abonadas 368 de esas multas. Estas sanciones recaen mayormente sobre los cuentapropistas.
Según recoge el portal estatal Cubadebate, en lo que ellos llaman "sector no estatal" se han detectado 33.722 violaciones del Decreto 30/21 que regula las sanciones por saltarse los precios y tarifas fijados por el Estado.
Sin embargo se han aplicado 36.357 "medidas". O sea, hay más "medidas" aplicadas (3.128 más) que irregularidades cometidas.
Por su parte, en el sector estatal la cifra de violaciones detectadas es ligeramente más baja (33.229) aunque éste representa cerca del 70% del tejido empresarial del país y los cuentapropistas no pasan del 13%.
Curiosamente, el sitio web dependiente del Gobierno cubano no recoge el número de "medidas" que han sido impuestas a las empresas del Estado, aunque habla de decomisos en este sector.
Tampoco explica si las "medidas" contra las empresas tanto estatales como privadas se contabilizan aparte de las casi 3.000 de las que habló la viceministra de Precios y Finanzas, Lourdes Rodríguez Ruiz, en la Mesa Redonda.
El Decreto 30/21 contempla multas que van de los 2.500 y a los 15.000 pesos y que deben pagarse en un plazo de 30 días naturales tras su imposición. Si no se abonara en ese tiempo estipulado, la cuantía se duplica.
Si la persona multada no paga en los 30 días naturales siguientes a la duplicación de la cuantía de la multa, el Gobierno inicia un proceso penal contra ella.
Precios topados en Cuba
El economista Elías Amor ha criticado en Los Jueves de Economía de CiberCuba la errática política de precios del Gobierno cubano, que al fijar como inamovible lo que debe pagarse por un determinado producto desincentiva la producción ya que ésta deja de ser rentable, toda vez que al agricultor le han subido los precios del agua, la luz o los fertilizantes, que debe comprar en dólares.
Si ese aumento del coste de producción no puede trasladarlo al precio de venta de los productos, no le merece la pena la inversión por lo que deja de producir y con esto se agrava el desabastecimiento que vive el país.
Para el Gobierno cubano, en cambio, topar los precios es una forma de "enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades que se manifiesten en materia de precios y tarifas". Le faltó aclarar que esta política va contra las leyes del mercado, que contemplan una subida de precios cuando la oferta es inferior a la demanda.
La política de precios topados ya ha dado resultados en Cuba, como los detectados por el científico cubano y miembro del Movimiento San Isidro, Oscar Casanella: agromercados completamente vacíos.
No obstante, hay que aclarar que esta política no afecta sólo a productores agrícolas sino también al sector Servicios. Recientemente un peluquero cubano se quejó de que no le permitieran cobrar un precio justo por algo que es "un lujo y no una necesidad".
Según explicó, no se puede topar, por ejemplo, el decolorado del pelo que el Gobierno establece que debe costar 50 para el pelo corto, 90 para el largo y 140 pesos para el extra largo, sin tener en cuenta las horas de trabajo o la cantidad de producto que lleva cada tipo de cabello.
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