Vídeos relacionados:
Ciudadanos canadienses recluidos en la cárcel para extranjeros La Condesa, al sur de La Habana, se encuentran bajo acoso por parte de las autoridades de la prisión tras exponer las condiciones de vida del lugar, denunciaron los prisioneros y sus familiares.
En el artículo Urgente reclamo de ayuda de prisioneros canadienses desde la cárcel La Condesa en Cuba, publicado por CiberCuba, los reclusos denunciaron irregularidades en el debido proceso, condenas excesivas, malas condiciones de alimentación y de higiene en el centro penitenciario, ubicado en la provincia de Mayabeque.
Lo más leído hoy:
También manifestaron que les han negado atención médica y piden al gobierno de Canadá que tomen cartas en el asunto para que los transfieran hacia una prisión de ese país.
A Benjamin Tomlin, uno de los prisioneros, le fue notificada la negativa de su traslado a Canadá por parte de autoridades cubanas. Tomlin cree que “están vengándose por haber hablado… y están intentando intimidarnos”, y recuerda que en 2019 le habían negado su solicitud de apelación, dos horas después de que los medios canadienses publicaran su historia:
“He sido castigado por decir la verdad sobre el tratamiento cruel e inhumano que mis compañeros y yo recibimos”, dijo Benjamin, quien considera que, con este proceder, el gobierno de Cuba lo ha convertido, de preso común, a preso político. Al mismo tiempo reconoce que “personas maravillosas y bien intencionadas” les aconsejan a él y a sus compañeros en La Condesa que guarden silencio porque temen a represalias y les sugieren que “no se dejen llevar por el miedo”.
Los reclusos que aparecen en el reportaje de CiberCuba fueron separados horas después de haberse publicado y enviados a otros destacamentos de La Condesa. Incluso, familiares dijeron que algunos fueron interrogados por las autoridades sobre las declaraciones citadas por este diario.
Nabeel Stephan, Sangeeth Sundaralingam, Sangeeth Sundaralingam, Radu Martin, Benjamin Tomlin y Simarjeet Buttar sostienen su inocencia. Reacciones desde La Condesa ante las represalias que dicen sufrir los prisioneros allí destacan dos razones fundamentales para denunciar la situación, y que se resume en que el gobierno cubano “no puede simplemente arrestar a las personas, tomar su dinero…destruir las vidas de esa manera, las familias”.
Por eso, a pesar de las consecuencias que les ha traído denunciar, piensan que “si la gente conoce lo que pasa aquí, será más difícil que se lo hagan a otros”.
Al mismo tiempo, denuncian que les han cortado el suministro de corriente eléctrica y continúan negándoles la asistencia médica. Tanto los prisioneros como los familiares con los que CiberCuba ha tenido contacto, ven intenciones políticamente motivadas tras los nuevos regímenes que les han sido impuestos por las huestes carcelarias, a los que consideran represalias por “ejercer el derecho a la libertad de expresión”, dijo uno de ellos.
También, a todos los prisioneros canadienses en La Condesa les han ofrecido inyectarlos. La inyección es en los glúteos, y los que la han recibido han experimentado cansancio y sueño extremos, razón por la cual a algunos les resulta sospechoso y otros se han negado a ponérsela, según cuenta la hija de Nadesu.
A Nadesu lo atendió un especialista en prisión a quien le contó que no ha recibido su medicación para la diabetes. Fue entonces cuando el doctor le ofreció la inyección.
Las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los que viven en un régimen de privación de libertad son claras: “Todos los presos y los detenidos tienen derecho al más alto grado posible de salud física y mental”.
Del mismo modo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a toda persona, incluidos los presos, “El derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure … la salud y el bienestar, … la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este mismo derecho esta recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en los Principios y Básicos Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
El 11 de febrero, en respuesta a un correo enviado por CiberCuba sobre la negación de traslado a Benjamin Tomlin, un portavoz del gobierno de Canadá prometió analizar el reclamo y ofrecer una respuesta. Siete horas más tarde, el funcionario declinó ofrecer mayores detalles alegando restricciones de privacidad.
“Asuntos Globales de Canadá tiene conocimiento de la detención de un ciudadano canadiense en Cuba. Los funcionarios consulares brindan asistencia al individuo y su familia. Debido a las disposiciones de la Ley de privacidad, no se puede proporcionar más información”, dijo el funcionario de la cancillería canadiense.
Cuatro días después, el 15 de febrero, Canadá lanzó una iniciativa firmada por 58 naciones para evitar que los países detengan a ciudadanos extranjeros por influencia diplomática. "Sacar a las personas de sus familias y usarlas como moneda de cambio es ilegal e inmoral", dijo el canciller canadiense Marc Garneau, cuya firma fue secundada por las 27 naciones europeas, Japón y Estados Unidos, entre otros.
Aunque la iniciativa no va dirigida a ningún pais en especifico, Garneau agregó que ha sido diseñada para “aumentar la presión diplomática sobre los países que detienen a extranjeros, así como a otros que podrían querer hacerlo”.
El gobierno de Cuba ha tenido bajo custodia a varios empresarios canadienses, algunos de alto perfil, entre ellos, Sarkis Yacoubian, Cy Tokmakjian, Claudio Vetere y Marco Puche, a quienes ha confiscado sus bienes e impuesto varios años de prisión. El propio Benjamin Tomlin en el momento de su arresto pertenecía a la nómina de la Corporación canadiense para el Desarrollo de las Inversiones.
Archivado en: