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El gobierno de Cuba aprobó este viernes el Decreto-Ley de Bienestar Animal, en lo que se considera una significativa conquista del movimiento animalista en la isla.
“En sesión celebrada en la tarde de este viernes, el Consejo de Estado de la República de #Cuba evaluó el cumplimiento del Acuerdo No. 121 del órgano legislativo, y aprobó el decreto-ley “De Bienestar Animal”, publicó la Asamblea Nacional en su página de Twitter.
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La aprobación del decreto se produce tras la insistente y comprometida presión sobre el gobierno cubano que los activistas por los derechos de los animales han ejercido en los últimos meses y, especialmente, luego de una manifestación frente al Ministerio de la Agricultura (MINAG) en La Habana para exigir su aprobación, el pasado 19 de febrero.
La nueva legislación “entrará en vigor a los 90 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la República”, explicó un comunicado del Parlamento Cubano.
“Esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones y las personas naturales respecto a la protección y cuidado de los animales, y contribuirá a concientizar a la población en el respeto y la tenencia responsable de los mismos”, agregó.
De acuerdo a una nota de prensa del MINAG, el decreto ley de Bienestar Animal “tiene como premisas fundamentales la conservación de la diversidad biológica; la cultura general integral de la población (incluyendo el conocimiento, los valores éticos, la toma de conciencia y el respeto a los animales) y la necesidad de evitar malos tratos, abuso y crueldad sobre los animales”.
Sus propuestas esenciales “van dirigidas a regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar, con enfoque a Una Salud, asumiendo como bienestar animal: el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”, agregó la nota.
En el texto de la norma jurídica “se dedica un capítulo a los animales de compañía, definiéndolos como: las especies que estén domesticadas para acompañar a las personas o con el objetivo de su disfrute. Se establecen las condiciones que los mismos requieren cuando permanecen en espacios exteriores de la vivienda y las obligaciones que tienen sus propietarios, poseedores o tenedores para proporcionarles su bienestar”, añade el texto.
Además, establece las obligaciones de las personas naturales y jurídicas responsabilizadas con el uso de animales en deportes, entretenimiento y exhibición; como es el caso de la vigilancia, seguridad y protección de “los procedimientos que garanticen el bienestar de los animales expuestos en zoológicos, acuarios y recintos de ferias”.
Según el MINAG, el caso de los animales con fines de experimentación fue abordado “con gran profundidad en el cuerpo del Decreto-Ley”, que establece el funcionamiento de un “Comité Institucional de Ética para el Uso y Cuidado de los Animales en las instituciones donde estos se emplean” y se regulan los protocolos para garantizar el bienestar de estos seres vivos.
El decreto ley no prohíbe el sacrificio de animales, en su lugar establece que esta acción debe realizarse de “forma compasiva y rápida, evitando el dolor y el estrés, garantizando una correcta manipulación y la matanza de manera humanitaria”.
“La norma regula los aspectos que deben cumplirse para el sacrificio de animales destinados al consumo humano y la matanza con fines profilácticos en caso de presentación de enfermedades graves de los animales, de rápida diseminación y en emergencias o contingencias sanitarias que así lo justifiquen”, continúa la nota.
Para todos estos casos, entre otros, el decreto ley describe lo que serán consideradas contravenciones, o “infracciones de lo regulado” por la norma de bienestar animal.
El nuevo decreto incluirá multas de hasta 7 mil pesos contra quienes ejerzan diversas formas de abuso animal en Cuba, según alertaron funcionarios del MINAG recientemente.
El proyecto de Ley de Bienestar Animal fue presentado por activistas animalistas cubanos desde el pasado año y postergado por la Asamblea Nacional, quienes prometieron su revisión y aprobación en noviembre de 2020 y rebajaron su estatus a decreto ley.
Sin embargo, en noviembre de 2020, el decreto no fue aprobado, y, ante el malestar de la comunidad de activistas, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, anunció que la norma jurídica sería sometida a votación en la sesión del Consejo de Estado correspondiente a febrero de 2021.
Ante la demora, una vez llegado febrero, los animalistas cubanos protestaron frente al MINAG para exigir lo que ha aprobado el Consejo de Estado este viernes.
A pesar de que en la manifestación se produjeron varios arrestos a periodistas independientes, un núcleo amplio de activistas pudo entrar a negociar con funcionarios del ministerio sobre la nueva norma.
El diálogo entre el gobierno cubano y los defensores del bienestar animal, quienes también reclamaron transparencia en la redacción del decreto ley, no ha estado ajeno a tensiones, ataques y amenazas hacia los activistas.
Durante este mes, los perros del animalista cubano Javier Larrea Formoso fueron misteriosamente asesinados en su casa en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Lo mismo ocurrió a los perros de Leidy Laura Hernández y al rapero Omar Mena, dos activistas de la misma ciudad.
Lo anterior sucedió ante la indiferencia de las autoridades, a pesar de que Larrea Formoso es uno de los principales líderes del movimiento animalista en Cuba y ha servido de puente para los diálogos entre las instituciones oficiales y los activistas.
En La Habana, otra de las caras más visibles y carismáticas del movimiento, la joven Beatriz Batista, presentó este viernes una demanda penal en la policía cubana tras haber recibido amenazas directas a su teléfono móvil con su nombre completo y su dirección debido a su labor.
El presente decreto ley se innscribe en una creciente ola de activismo en la sociedad civil cubana que incluye a otras manifestaciones como el 27N y el Movimiento San Isidro, así como las expresiones públicas de los activistas raciales, feministas o LGTBIQ+, lo que ha forzado al gobierno cubano a buscar alternativas de respuesta ante el empuje de los grupos independientes, mayormente integrados por jóvenes.
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