Una multitud de personas del pueblo de Caibarién, al norte de Villa Clara, salió en defensa de un cubano a quien le impusieron una multa de 2.000 pesos (CUP) por vender dulces en medio de la escasez alimentaria del país.
El hecho fue reportado por un vecino de Caibarién, Yeko Gutiérrez, quien transmitió en vivo la protesta desde Facebook.
En el video de Gutiérrez se observa al dulcero subido encima del triciclo con vitrinas de dulces que le sirve como instrumento de trabajo. El vehículo se encontraba en medio de la calle, frente al hospital del pueblo, lo que generó la empatía de los vecinos indignados por la multa.
Entre las exclamaciones expresadas por la multitud estaba la nueva consigna de Patria y Vida, además de afirmaciones de injusticia y abuso que reivindicaban el trabajo del cubano multado quien, según el propio Gutierrez, solo vendía “pastelitos y merenguitos” bajo licencia, “dulces que no venden en ninguna tienda”.
A los pocos minutos del suceso, la policía apareció y amenazó al pueblo con traer tropas antimotines, pedir carnet y comenzar a repartir multas de 2000 pesos utilizando el Covid-19 como pretexto.
El propio Yenko Gutiérrez comentó que la represión y el abuso eran métodos comunes que la policía utilizaba ante un reclamo del pueblo.
El video fue interrumpido por falta de carga en la batería de Rodríguez, justo cuando la policía rodeó el vehículo del manifestante y le ordenó que se bajara de allí, a lo que el dulcero se negó, alegando que lo único que había hecho era trabajar y que lo “tienen como el enemigo”.
Sin embargo, a pesar de las amenazas, el pueblo permaneció en el lugar y cuando la policía insistió en que el hombre se bajara de su carretón, la multitud respondió a coro: “quítale la multa” y “no te bajes”, en apoyo al vecino, además, se volvieron a escuchar gritos de “Patria y Vida”.
El propio Gutiérrez aseguró que el hombre multado había sido pescador, como es tradición entre los caibarienenses, pero que la policía le había confiscado su bote, una muestra de la relación histórica del gobierno con el trabajo realizado de modo privado.
No obstante, un video revelado más tarde por la activista Ruhama Fernández muestra desenlace del suceso. El hombre fue conducido en una patrulla hasta la sede del Gobierno del pueblo, mientras la masa de pueblo lo acompañó y nunca lo dejó solo, apoyándolo a través de exclamaciones.
Una vez en el gobierno, ante el reclamo del pueblo, una funcionaria dio un discurso sobre los esfuerzos que el país ha hecho para combatir la pandemia de coronavirus con el objetivo de disolver la multitud. Sin embargo, la funcionaria tuvo que asegurar a la multitud que le había sido retirada la multa al vendedor de dulces, condición por la que los manifestantes de Caibarién se diluyeron.
Las multas se han convertido en el método preferido de las autoridades para sofocar la iniciativa privada. Solo en menos de un mes, el gobierno de la isla ha impuesto una media de casi 3.000 multas por un valor cercano a los 300.000 pesos diarios.
Las estadísticas indican que una alto porcentaje de estas multas persiguen el incumplimiento de los llamados precios topados o máximos, regulados por el estado para obligar a los productores y comerciantes estatales y privados a vender a precios según su lógica de negocios.
A esto se le suman los drásticos castigos para los que violen las estrictas medidas de protección de las autoridades sanitarias contra el coronavirus, lo que puede acarrear también grandes multas y contribuye a un clima de represión generalizada.
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