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Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, reconoció este fin de semana las críticas condiciones de las llamadas unidades del Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la capital, situación provocada, según dijo, por "la falta de vocación de servicio público en los administradores y el desvío de recursos".
Con el supuesto objetivo de contrarrestar tales deficiencias, las máximas autoridades de la capital aprobaron un plan de rescate de esos comedores y sus principios fundacionales.
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El programa del Sistema de Atención a la Familia, bajo la égida del MINCIN, surgió en el año 1996 y está concebido para complementar la alimentación de adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas con alto riesgo y casos sociales críticos, con insuficiencia de ingresos y carentes de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda.
La idea original era que en las unidades donde se brinde este servicio, las personas tengan una estancia agradable, que contribuya a propiciar la actividad social y mejorar su calidad de vida, atendidos por profesionales de la psicología y trabajadores sociales.
Sin embargo, un reciente estudio desarrollado por la Universidad de La Habana, a través del cual se aplicaron encuestas a 16 mil 714 beneficiados de los 15 municipios capitalinos, reveló un nivel de satisfacción de apenas 25 por ciento con los servicios del SAF.
Entre las críticas más frecuentes recogidas por la encuesta figuran la baja calidad en la elaboración de los alimentos, y los precios fijados tras el Ordenamiento Monetario.
En enero, los precios del menú que el gobierno cubano brinda a los ancianos y personas necesitadas en el país, se elevaron del costo máximo de 1 peso cubano hasta los 13 pesos, como parte de la llamada “tarea ordenamiento”.
Asimismo, el estudio descubrió que solo el 42 por ciento de los inscritos acude todos los días a ese servicio y el 31 por ciento no lo ha hecho nunca, además de que se comprobó la existencia de vulnerables que desconocen el servicio o no lo han recibido incluso estando inscritos en los registros de las direcciones municipales de Comercio.
Unos 350 estudiantes participaron de forma voluntaria en el estudio, originado a partir de las desfavorables opiniones emitidas por muchos de los acogidos a los SAF, lo cual movilizó a las fuerzas del grupo de Fiscalización y Control del Gobierno y la Fiscalía Provincial.
Como parte de las inspecciones a las unidades en siete municipios habaneros de detectaron deficiencias relacionadas con la calidad de los alimentos, en su mayoría violaciones en los gramajes y en los precios.
Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, afirmó que se depurarán los listados, y se atenderá caso a caso la situación de los asistenciados, para incluir a los no registrados y activar el servicio para quienes sí lo estaban, pero no lo recibían.
El también Gobernador de La Habana resaltó la responsabilidad de los gobiernos locales hacia los comedores del SAF, mientras que las direcciones de Gastronomía y Comercio continúan siendo las encargadas de los suministros y la administración de las unidades.
Según medios oficialistas, se espera que en abril el Gobierno de La Habana rendirá un informe al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba sobre las acciones realizadas para corregir las distorsiones detectadas.
La situación de los ancianos o personas vulnerables en la isla ha empeorado notablemente en los últimos años. La crisis de los SAF no es exclusiva de La Habana. En junio del año pasado, el diario Vanguardia de la central provincia de Villa Clara reconoció que la asistencia social a los ancianos y otras poblaciones vulnerables en el país era aún muy deficiente.
El medio oficialista dijo en un reporte sobre los Sistemas de Atención a la Famila que la pandemia del coronavirus había revelado las carencias en la atención no solo de ancianos, "sino a aquellos villaclareños necesitados de ayuda alimentaria y de otra índole, incluida la salud física y mental".
La situación de desamparo que sufren los ancianos en Cuba se ve reflejada en el aumento del número de ellos que acuden al suicidio para escapar de su tristeza, su pobreza, su enfermedad o simplemente su soledad.
Los efectos de la profunda crisis económica que cada día se agrava más, caen sin piedad en el sector más débil, aquellos que en su juventud o mediana edad se sacrificaron por un proyecto social que prometía ser maravilloso, y que hoy los ha abandonado.
Según el portal independiente Cubanet, un alto porcentaje de las cerca de 4.000 personas que se quitaron la vida entre 2016 y 2017, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) eran precisamente ancianos en situación de pobreza.
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