Ashley Moody, procuradora general de Florida, presentó una demanda federal para impugnar las medidas adoptadas por el presidente Joe Biden en favor de la migración en Estados Unidos.
Moody ha indicado a la prensa local que considera que las decisiones en materia migratoria adoptadas por el presidente Biden amenazan la seguridad pública de su país.
"Las acciones de la administración de Biden permitirán que los delincuentes extranjeros sean liberados y se muevan libremente en el estado de Florida, y el delito resultante le costará al estado millones de dólares en cumplimiento de la ley, encarcelamiento y asistencia a las víctimas de delitos", expone en su demanda.
"También causará un daño no cuantificable a la ciudadanía de Florida y obligará al estado a gastar sus propios recursos de aplicación de la ley para compensar", indica en el documento.
La demanda fue presentada el 8 de marzo en Tampa y se centra en los memorandos emitidos el 20 de enero y el 18 de febrero sobre la aplicación de la ley de inmigración, por el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses.
En los documentos firmados el 20 de enero Biden tocó temas como el fin de la construcción del muro fronterizo con México que inició Trump; pidió reactivar DACA, el programa creado por Obama para inmigrantes que llegan al país siendo niños; y la "pausa de 100 días" en ciertas deportaciones, para analizar mejor cada caso de asilo político, por ejemplo.
Sin embargo, esta última medida fue bloqueada por el juez federal de Texas, Drew Tipton, quien indicó que prohibía la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió posteriormente el memorando del 18 de febrero. Incluyó la importancia de priorizar arrestos, detenciones y deportaciones de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional, la fronteriza y la pública. Esto se interpretó como un giro radical a la política migratoria de Trump.
Sin embargo, la demanda de Moody indica que las directivas de la administración Biden violan las leyes federales de inmigración. Hace énfasis en que afectan la Ley de Procedimiento Administrativo y por tanto asegura que deben bloquearse.
"A las pocas horas de haber prestado juramento, el presidente Joseph R. Biden, Jr. y miembros de su administración violaron sus juramentos en el cargo, desobedecieron los estatutos del Congreso, no protegieron a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes por igual y crearon lo que rápidamente se convertirá en una pesadilla de seguridad" dice el documento de Moody.
El texto argumenta que el resultado de los memorandos mencionados es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas "se niega a tomar la custodia de decenas de delincuentes extranjeros en todo el estado, lo que resulta en su liberación en Florida". Alerta que las directivas podrían llevar a que el ICE cancele las detenciones que se utilizan para retener a inmigrantes indocumentados en las cárceles del condado, poniendo en peligro la seguridad del país.
Ashley Brooke Moody (1975) es fiscal general de Florida desde enero de 2019. A los 31 años fue la jueza más joven elegida en el estado de Florida. Es republicana.
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