Una madre cubana trabajadora fue sancionada por inspectores del territorio con una multa de 1500 pesos por no escribir la fecha en un pomo de agua con hipoclorito en su centro de trabajo.
"En el día de ayer fui víctima de una injusticia ante la cual no me puedo quedar callada. Soy de San Luis, Pinar del Río, y los represores a servicio del gobierno, les hablo de los inspectores, se personaron en mi puesto de trabajo y me impusieron una multa de 1500.00 pesos, por no poner fecha al pomo de hipoclorito, ¡que burocracia! Lo importante es que estaba ahí, y está siendo utilizado", denunció Yuri A Ramos Peraza en su perfil en la red social Facebook.
La madre, con tres hijos pequeños, explicó que estos inspectores ya son conocidos en la comunidad y a uno de ellos hasta le han puesto un apodo por la manera indiscriminada con que multan a la población.
"Uno de estos abusadores se hace llamar Leoncio Hernández, es de aquí del mismo municipio y es conocido como 1500, ya habrán entendido el por qué del apodo. ¿Hasta cuando van a reprimir a los trabajadores? Mientras a mí me afectan mi salario, el cual tengo que sudar cada día para mantener a mis hijos, a estos abusadores les crece el bolsillo a fin de mes, porque todos sabemos que cobran según el número de multas que pongan", dijo
Ramos aseguró que no pagará la multa. "No voy a regalar tan fácilmente lo que lucho para mis hijos. Basta de represión con los trabajadores", dijo en su mensaje. Su texto tuvo cientos de interacciones y comentarios de apoyo.
Posteriormente la mujer publicó un segundo mensaje en Facebook en el que aclara que nunca ha recibido ni un centavo por sus publicaciones en Internet y que las ha hecho por decisión propia.
"¡Buenos días! Creo válido aclarar que nunca he recibido ni un centavo por mis publicaciones, todas han sido personales, y nunca porque nadie me ha mandado, tengo decisión propia, y no soy títere de nadie... Las he publicado porque es la forma que tengo de desahogarme. Los míos, los mantengo con mi sudor, no con el dinero de nadie. Aclaro esto, porque cada vez que se hace una publicación dando a conocer la verdad de las cosas que pasan, siempre alguien quiere tapar el sol y justifica todo con el pago del exterior, y reitero...lo hago por voluntad propia, no por dinero", aclaró Ramos.
En Pinar del Río se han impuesto multas de hasta 8.000 pesos a entidades gastronómicas, tanto del sector estatal como del privado. Los inspectores aseguran que se trata mayormente de ilegalidades vinculadas al aumento de precios, calidad de mercancías que ofertan, e incumplimiento de las normas sanitarias.
El jefe de la comisión de enfrentamiento a las ilegalidades en la provincia, Luis Felipe Álvarez Friol, dijo a la prensa oficialista que en 18 supervisiones en los municipios La Palma y Viñales se pusieron cuatro multas por violaciones de tarifas, inexistencia de precios de los productos y falta de gramaje en los alimentos. Además de una sanción de 8.000 pesos que se aplicó en una panadería donde se estaba vendiendo el pan bajo de peso.
Álvarez señaló que los inspectores aplicaron otras 14 multas de 2.000 pesos por incumplimiento de las medidas sanitarias de prevención del coronavirus. Las sanciones han sido impuestas bajo el amparo de los decretos 30 y 31 del Consejo de Ministros.
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